Estados Unidos suspendió los vuelos de devolución a México de personas detenidas tras ingresar a territorio estadounidense sin autorización legal bajo el mortífero sol veraniego de los desiertos de Arizona, una medida que pone fin a un experimento de siete años que le costó casi 100 millones de dólares a los contribuyentes.

Más de 125.000 personas fueron enviadas gratuitamente por avión de regreso a México desde 2004, en un esfuerzo que inicialmente fue recibido con escepticismo por funcionarios mexicanos y por los propios inmigrantes, pero que fue aceptado gradualmente como una forma de ayudar a las personas a salir adelante y salvar vidas.

La Patrulla Fronteriza lo elogió como una manera de desalentar a los migrantes a volver a intentar el cruce, y parece haberlo logrado con muchos, al menos por un tiempo corto.

Sin embargo, con los arrestos de la Patrulla en sus niveles más bajos en 40 años y nuevas pruebas que indican que más personas están dirigiéndose al sur de la frontera común que al norte, las autoridades tuvieron problemas para llenar los vuelos y encontraron cada vez más difícil justificar los costos. Los vuelos, que llevaban un máximo de 146 pasajeros, fueron reducidos de una frecuencia de dos diarios el año pasado a uno solo.

Este verano boreal no hubo ninguno.

"Todo se reduce a dólares y centavos", dijo George Allen, subjefe del sector de la Patrulla Fronteriza en Tucson. "Estamos topándonos con una sociedad más preocupada por presupuestos, especialmente con el gobierno".

En un esfuerzo para mantener activos los vuelos, las autoridades estadounidenses propusieron incluir a mexicanos que cometieron delitos cuando vivían en Estados Unidos. El gobierno mexicano rechazó la idea de sentar delincuentes junto a familias, ancianos y personas frágiles que cruzaron la frontera en busca de trabajo.

"De entrada, te puedo decir que Mexico no iba a permitir, ni permitira, que se puedan dar ese tipo de repatriacion, cuando la seguridad de las familias va por medio ", dijo Juan Manuel Calderón, cónsul mexicano en Tucson.

Los negociadores estadounidenses y mexicanos también analizaron cambiar la ruta para que vaya de El Paso, Texas, donde muchos mexicanos con antecedentes penales están detenidos, al central estado mexicano de Guanajuato. En el pasado, la ruta ha sido desde Tucson hasta Ciudad de México.

Los vuelos podrían reanudarse, pero no este año, dijeron funcionarios de ambos países.

Los vuelos sólo han funcionado en el verano boreal y únicamente en Arizona, diseñados como un esfuerzo humanitario en respuesta a los muchos inmigrantes que han muerto en la última década mientras atraviesan a pie remotos desiertos.

Los vuelos del Programa de Repatriación al Interior Mexicano transportaron a 125.164 pasajeros, a un costo de 90,6 millones de dólares, desde 2004, o un costo promedio de 724 dólares cada uno, de acuerdo con el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos.

Los vuelos operaron desde tan sólo 38 días en 2009 hasta 120 días en 2010, cuando llevaron un récord de 23.384 pasajeros. El año pasado, movieron a 8.893 pasajeros a un costo de 5 millones de dólares: un promedio de 562 dólares por persona.

Los vuelos se convirtieron en una pieza clave para la Patrulla Fronteriza en Arizona a medida que la agencia ponía fin a su vieja política de llevar a los inmigrantes a la frontera más cercana, desde donde intentaban volver a cruzar unas horas más tarde.

La nueva estrategia del organismo, que se inició en Tucson el año pasado y luego se extendió a toda la frontera, se basa en sanciones más estrictas que se han lanzado en los últimos años. Una pide cárcel por hasta seis meses y otra envía a los migrantes en autobuses a ciudades fronterizas a cientos de kilómetros de distancia para ser deportados allí.

Los vuelos de un solo trayecto hacia Ciudad de México estaban dirigidos a las personas y familias que intentaban ingresar sin autorización por primera vez.

Allen dijo que los datos de la Patrulla Fronteriza muestran que los migrantes que tomaron los vuelos eran menos propensos a ser atrapados cruzando de nuevo la frontera, a pesar de que la agencia ha enfrentado críticas por no divulgar pruebas de que sus castigos más duros funcionan.