El juez instructor en el proceso por el escándalo de corrupción que puso en jaque al Gobierno del entonces presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva en 2005 pidió hoy condenar a nueve de los diez acusados de lavado de dinero.

Tras dos rondas de votaciones del llamado "juicio del siglo" en que los miembros del Supremo Tribunal Federal (STF) condenaron por mayoría a 8 de los 37 reos y absolvieron a otros 2, el juez instructor, magistrado Joaquim Barbosa, inició hoy una nueva ronda para determinar la culpabilidad o no de los 10 sindicados de lavado de dinero.

Una vez conocido el voto condenatorio de Barbosa, los otros nueve magistrados que integran la máxima corte de Brasil tendrán que pronunciarse en sesiones que están previstas para el miércoles y el viernes de esta semana.

En esta nueva ronda de votaciones, los miembros de la máxima corte del país juzgan a diez personas vinculadas al Banco Rural y a las empresas de publicidad comandadas por el empresario Marcos Valerio Fernandes acusadas del delito de lavado de dinero.

Según la Fiscalía, Fernandes fue el principal articulador de una red de corrupción que, a través del Banco Rural y de sus agencias de publicidad, desvió recursos públicos para pagar sobornos a congresistas dispuestos a votar favorablemente las iniciativas del Gobierno de Lula en el Congreso.

La red de corrupción vincula a importantes exministros, colaboradores y correligionarios de Lula en el oficialista Partido de los Trabajadores (PT) que aún serán juzgados en otras votaciones.

Además de votar contra Fernandes, el juez instructor pidió que también sean condenados sus dos socios en las agencias de publicidad, Cristiano Paz y Ramón Hollerbach, así como su abogado, Rogerio Tolentino, y dos de los empleados de sus empresas, Simone Reis y Geiza Dias.

Barbosa también votó en contra de la entonces presidenta del Banco Rural, Katia Rabello, el exvicepresidente de esa entidad José Roberto Salgado y el director del mismo banco, Vinicios Samarane.

El magistrado tan sólo pidió la absolución de Ayanna Tenorio, una exdirectora del Banco Rural contra la que, dijo, no fueron halladas pruebas.

En caso de que sean considerados culpables por la mayoría de los magistrados de la corte, los acusados de lavado de dinero pueden ser condenados a penas de prisión de entre 3 y 12 años.

Según Barbosa, los fiscales comprobaron que el Banco Rural realizó al menos 46 operaciones para ocultar el origen ilícito de los recursos públicos desviados y que fueron entregados a diferentes congresistas.

De acuerdo con el juez instructor, además de fraudes en la contabilidad para ocultar el origen de los recursos, los dirigentes del Banco Rural simularon préstamos para repasar el dinero y ocultaron la identidad de los destinatarios.

Barbosa concluyó que el Banco Rural comunicó falsamente al Banco Central que los recursos públicos fueron prestados a las agencias de publicidad de Fernandes para hacer pagos de supuestos abastecedores.

El juez agregó que los dirigentes del banco tenían conocimiento de que Fernandes actuaba a pedido de los dirigentes del PT y que el publicista llegó a intermediar encuentros entre los dirigentes del Banco Rural y el entonces ministro de la Presidencia, José Dirceu, considerado el brazo derecho de Lula y el principal de los acusados.

"El dinero fue lavado en una operación orquestada con división de tareas típicas de un grupo criminal organizado", concluyó el juez.

En la ronda de votaciones de la semana pasada, los miembros de la máxima corte hallaron culpables a los mismos tres dirigentes del Banco Rural del delito de gestión fraudulenta, del que fue exculpada Ayanna Tenorio igualmente por falta de pruebas.

En la primera ronda, referida a los delitos de desvíos de recursos públicos, la corte condenó al expresidente de la Cámara Baja y actual diputado Joao Paulo Cunha, a Fernandes y sus dos socios y al exdirector del estatal Banco do Brasil Henrique Pizzolato.