La jueza argentina María Servini de Cubría canceló el viaje a España en que iba a entrevistar a un centenar de familiares de víctimas y sobrevivientes de la represión en la guerra civil española y la dictadura de Francisco Franco (1936-1975), luego de que la Corte Suprema le impuso una serie de restricciones.

Máximo Castex, abogado querellante en la causa, informó el lunes a The Associated Press que la magistrada decidió cancelar el viaje previsto para el 7 de septiembre después de que la semana pasada la Corte Suprema de Justicia le limitó la posibilidad de quedarse en Madrid "un máximo de diez días" e ir acompañada de un único secretario de su juzgado. "En esas condiciones la jueza no puede cumplir el objetivo de realizar las audiencias testimoniales programadas", dijo el letrado.

Servini de Cubría había solicitado quedarse en España 20 días, acompañada de varios funcionarios judiciales. Pero el máximo tribunal le notificó el 4 de septiembre las limitaciones que estableció para su eventual traslado.

"Dadas las características particulares del caso y, teniendo en cuenta que no precisa el auxilio internacional de tribunales extranjeros, no resultan de estricta aplicación los requisitos formales exigidos", señaló el máximo tribunal en una resolución.

La Corte Suprema debe avalar los traslados de los magistrados federales a otros países para tomar declaraciones a testigos o imputados en una investigación. Servini de Cubría encabeza desde 2010 la causa en la que se investigan los asesinatos, desapariciones y torturas ocurridas en España durante el franquismo a partir de las denuncias interpuestas en Buenos Aires por sobrevivientes, familiares de las víctimas y organizaciones humanitarias españolas y argentinas.

La investigación no ha prosperado en el ámbito de la justicia española. Uno de los argumentos que esgrimen los jueces españoles es que en ese país rige desde 1977 una ley de amnistía que impide investigar esos supuestos crímenes y que al haber transcurrido más de 20 años desde su comisión, están prescritos. Pero los querellantes responden que son crímenes de lesa humanidad imprescriptibles.

Castex dijo que los querellantes de la causa no entienden las limitaciones que "estableció la Corte Suprema a la jueza para que pueda trabajar".

"Nos reuniremos en los próximos días con ella para evaluar los pasos a seguir. Una alternativa es realizar videoconferencias para que los testigos puedan declarar", dijo el letrado, quien aseguró que la magistrada "está enojada" por la actitud del tribunal supremo.

The Associated Press intentó comunicarse con el juzgado para hablar con la jueza o con sus funcionarios pero no tuvo éxito.

Los querellantes en la causa son más de 40, entre españoles y argentinos que en su mayoría son descendientes de las víctimas del bando perdedor republicano de la guerra civil española (1936-1939). Han acusado de asesinatos y torturas a supuestos represores españoles que todavía están vivos.

Según Amnistía Internacional, que se pronunció en mayo sobre esta causa, Argentina puede y debe ejercitar su competencia para investigar lo sucedido en España ya que "la jurisdicción para los crímenes de derecho internacional es universal" y todos los Estados pueden llevar adelante causas "independientemente de si los delitos son o no investigados en sede local".

Los querellantes piden la investigación de los miles de crímenes ocurridos en el periodo comprendido entre el 17 de julio de 1936, un día antes del alzamiento militar encabezado por Franco contra el entonces gobierno republicano, y el 15 de junio de 1977, cuando se celebraron las primeras elecciones democráticas del periodo de transición, que comenzó con la muerte del dictador en noviembre de 1975.

Cuatro presos políticos durante el régimen de Franco declararon en abril ante la jueza argentina. Los cuatro denunciantes, de la agrupación "La Comuna", también le presentaron ante Servini de Cubría con un listado con las identidades de jueces, miembros de las fuerzas de seguridad y funcionarios de prisiones señalados como supuestos responsables de los crímenes de lesa humanidad.