El presidente Evo Morales rechazó la decisión de Estados Unidos de negar la extradición a Bolivia del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, quien tiene cargos en la justicia por la muerte de 63 manifestantes en 2003.

Washington confirmó el rechazo "mediante una carta" alegando que la "sociedad civil no puede ser responsable de las acciones militares", dijo el mandatario el viernes durante una ceremonia militar en el sur del país.

"Rechazo rotundamente. No comparto esos términos con el gobierno de Estados Unidos y con esos pretextos tratan de que Estados Unidos se convierta en refugio de delincuentes, en paraíso de la impunidad", agregó.

La Corte Suprema abrió un juicio de responsabilidades en contra de Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003), sus 17 ministros y los cinco jefes de a cúpula militar de entonces; declaró en rebeldía a los ausentes y condenó en agosto del año pasado a los ex jefes militares y dos ex ministros.

Los cinco generales fueron sentenciados a penas de entre 10 y 15 años de prisión por haber ejecutado la represión mientras que los dos únicos ex ministros que afrontaron el juicio recibieron una sentencia de dos años y se acogieron a un perdón que los liberó de la cárcel.

Sánchez de Lozada y dos ex ministros suyos se refugiaron en Estados Unidos tras la revuelta popular de octubre de 2003 que lo obligó a renunciar a la presidencia en medio de una profunda crisis política.

El Defensor del Pueblo, organizaciones de derechos humanos y representantes de las víctimas condenaron la decisión del gobierno estadounidense.

"Es una decisión que alienta la impunidad", dijo la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Yolanda Herrera. En tanto, la titular de la Cámara de Diputados, la oficialista Rebeca Delgado, anunció que convocará al canciller David Choquehuanca para que informe al pleno sobre los argumentos del rechazo.

Conocido como "Octubre Negro", las protestas de 2003 marcaron el derrumbe de los partidos tradicionales y el ascenso de nuevos líderes, entre ellos Morales, quien saltó a la política desde los combativos sindicatos cocaleros.

Los sindicalistas que alentaron las protestas, entre ellos el actual mandatario, fueron amnistiados por el presidente Carlos Mesa (2003-2005), quien sucedió a Sánchez de Lozada.

Los abogados en Estados Unidos del ex mandatario dijeron que el juicio era político cuando se presentó la querella.

Sánchez de Lozada estudió y vivió gran parte de su vida en Estados Unidos.