El gobierno chileno rechazó el viernes una actitud discriminatoria del ejército hacia los homosexuales y otros grupos al seleccionar a los efectivos que deben cumplir el servicio militar, luego de que el jefe de una división recomendó excluirlos.

En una declaración, el ministro de Defensa, Andrés Allamand, expresó que la disposición formulada por el comandante de la primera división del ejército, general Cristián Chateau, "es frontalmente opuesta a la política del gobierno en la materia y también es contradictoria con la doctrina institucional del ejército que prohíbe toda norma que establezca criterios de discriminación por razones socioeconómicas, ideológicas, culturales, religiosas, de orientación sexual y de cualquier naturaleza".

Chateau había recomendado en un documento interno excluir de la selección del contingente para el servicio militar a los homosexuales, jóvenes con problemas socioeconómicos, delictivos y que pertenecen a los testigos de Jehová.

El jefe del ejército, general Juan Miguel Fuente-Alba, a su vez ofreció "mis más sinceras disculpas" a los que se hayan sentido afectados por el instructivo y anunció medidas disciplinarias contra el general autor de la acción discriminatoria.

El comandante en jefe del ejército, en declaraciones a la prensa, dijo que en su institución "no hay discriminación de ninguna naturaleza" y señaló que "voy a aplicar todas las medidas administrativas y disciplinarias que estén en mis atribuciones".

Por su parte, el director del Movimiento por la Liberación Homosexual, Rolando Jiménez, dijo a la prensa que había recibido el compromiso del ministro de Defensa de terminar todo tipo de discriminación en las fuerzas armadas y lo emplazó a pasar a retiro al general Chateau.

"No es posible que un general de la república emita esos juicios de valor respecto a grupos humanos, por lo tanto el general Cristián Chateau tiene que ser dado de baja", dijo Jiménez.

La declaración de Allamand no precisó si solicitará sanciones contra Chateau, pero señaló que pidió a Fuente-Alba "la revisión de toda la normativa institucional a fin de proceder a la derogación formal y orgánica de cualquier disposición, instrucción o regla que no se ajuste a la Ley Antidiscriminación".

El gobierno promulgó hace dos meses una ley que sanciona todo tipo de discriminación.

El ministro del Interior y vicepresidente en ejercicio, Rodrigo Hinzpeter, también condenó explícitamente el acto discriminatorio.