A la diplomática Olga Fonseca, como funcionaria de confianza de la Cancillería y con una amplia experiencia, le fue encomendada una incómoda misión: viajar a Kenia para asumir el control de la acéfala representación diplomática y despedir a todo el personal.

Casi presintiendo su fatal destino Fonseca, de 57 años, confesó a uno de sus hermanos, poco antes de partir, que sentía preocupación de viajar a Kenia.

Menos de dos semanas después, la mañana del 27 de julio, Fonseca fue hallada muerta en su residencia en la capital de Kenia. La policía dijo que la habían estrangulado. Según informes de prensa, estaba atada de pies y manos.

El incidente generó conmoción en Kenia, uno de los pocos países africanos que por su seguridad se ha convertido en el sitio predilecto para las organizaciones internacionales y delegaciones que operan en Africa.

El asesinato de Fonseca no pudo ocurrir en peor momento para el gobierno del presidente Hugo Chávez, quien busca su reelección para un tercer período.

A cinco semanas de las elecciones presidenciales del 7 de octubre, la muerte de la diplomática desató un escándalo en el país que adquirió mayores matices luego de la detención del primer secretario de la embajada venezolana en Kenia, Dwight Sagaray, señalado como sospechoso por el asesinato, y la aparición de versiones de prensa en Nairobi que hablan del tráfico de drogas como posible móvil del asesinato.

A raíz del incidente, opositores y ex diplomáticos expresaron cuestionamientos a los criterios que usa el gobierno de Chávez para elegir los embajadores y demás miembros de las misiones diplomáticas.

Las autoridades venezolanas han mantenido hermetismo y se han limitado a negar las versiones sobre el tráfico de drogas.

El ministro de Relaciones Interiores, Tareck El Aissami, declaró a comienzos de agosto a la prensa que la hipótesis que cobra fuerza en el caso es la relacionada con "problemas de carácter laboral" en la misión diplomática.

La AP solicitó al jefe de prensa de la Cancillería información sobre el caso de Fonseca, pero no obtuvo respuesta.

A casi un mes del asesinato de la diplomática, su familia, que habita en el poblado central de Acarigua, sigue a la espera de respuestas de parte de las autoridades sobre las motivaciones que llevaron a la trágica muerte, así como de las pertenencias de Fonseca, que no fueron enviadas junto con el cuerpo cuando fue trasladado vía aérea al país a comienzos de agosto para su entierro.

Francisco Fonseca, hermano menor de la diplomática, aun tiene fresca en su mente la última vez que conversó con su hermana poco antes de que partiera a Nairobi.

"Ella me dijo que tenía preocupación porque lo que le habían encomendado era que tenía que ir a Kenia a liquidar a todo el personal y a organizar la embajada con nuevo personal", dijo Fonseca a la AP. Añadió que ella nunca entró en detalles sobre la causa de su inquietud.

Francisco reconoció que las preocupaciones de su hermana tal vez podrían tener relación con las noticias que surgieron en Kenia sobre las denuncias que realizaron los empleados de la embajada venezolana en ese país contra el antecesor de Fonseca, el embajador Gerardo Carrillo Silva, por supuesto acoso sexual. El diario keniano The Star dijo que entre los denunciantes figuraban un cocinero, un chofer y un guardia.

El abogado Ngure Mbugua declaró en julio a la prensa de Kenia que los empleados de la embajada venezolana, que se quejaron del acoso sexual de Carrillo Silva, le dijeron que Fonseca les exigió que retiraran las denuncias contra su predecesor.

Carrillo Silva negó, en una entrevista publicada este mes por el diario local Ultimas Noticias, las denuncias de acoso sexual contra los empleados varones de la misión diplomática, y dijo que en mayo pasado fue llamado a Caracas por la Dirección de Recursos Humanos del Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, y que al llegar al país fue suspendido de su cargo sin explicaciones.

Carrillo Silva relató que durante siete años trabajó en la embajada venezolana de Nairobi sin problemas, y que no fue sino meses después de la llegada de Sagaray a la misión en julio del 2010 que la situación comenzó a tornarse "muy tensa" debido a que algunos de los 12 empleados locales "se negaban a reconocer mi autoridad".

"Advertí en dos oportunidades, por teléfono, del problema. Una a finales del año pasado, y otra en febrero cuando la situación se hizo insostenible, y de ello eran testigos otros diplomáticos de la Embajada", afirmó el ex embajador.

Sagaray, un abogado de 35 años, fue acusado a comienzos de mes por las autoridades kenianas del asesinato de Fonseca. El ex primer secretario de la embajada venezolana en Nairobi se declaró inocente.

Por el caso también es procesado Mohamed Ahmed Mohamed Hassan, amigo de Sagaray y prófugo de la justicia, quien es señalado de cooperar en la muerte de la diplomática venezolana.

Juana Sagaray dijo a la AP que su hermano menor le expresó vía telefónica desde su sitio de reclusión en Nairobi que estaba "muy preocupado y muy desconcertado por cómo se han dado las cosas... un poquito irregular".

La hermana del detenido se manifestó sorprendida por la velocidad con la que la Cancillería de Venezuela le retiró la inmunidad diplomática a Sagaray en medio del proceso y criticó que hayan surgido "tantos problemas con la fianza" para que el ex funcionario venezolano lograra su libertad condicional.

"De verdad que ha sido muy dura la situación", dijo consternada Juana al relatar que su hermano enfrenta, además de los problemas legales, una difícil situación económica debido a que desde julio no percibe salario y ha tenido que pagar con sus ahorros el abogado.

"El gobierno (venezolano) aun no le ha asignado ningún abogado. Esperamos todavía, confiamos, en que esto pudiera darse, que el gobierno le preste alguna ayuda", comentó la hermana, y agregó que entregó cartas en la Cancillería pidiendo ayuda pero que hasta ahora no ha obtenido respuesta.

El abogado de Sagaray, Stephen Biko Ligunya, asegura que su cliente ha sido acusado falsamente. Dijo que la fiscalía afirma que el asesinato fue motivado por una lucha por el poder entre Fonseca y Sagaray.

"Diremos que nuestro cliente no tenía interés alguno en ser embajador", expresó Ligunya. "Las luchas por el poder o la competencia por un puesto alto no son nada nuevo, pero no provocan asesinatos. Quieren atribuirle el asesinato a Dwight, pero no tienen un motivo y se aferran a argumentos muy débiles".

La justicia analizará el pedido de libertad bajo fianza de Sagaray el 27 de septiembre, según su abogado.

Dwight es oriundo de la ciudad oriental de Maturín, estado Monagas. Se mudó a Caracas donde se graduó de abogado en la Universidad Central de Venezuela y realizó estudios de inglés, francés y portugués.

En el 2010 ingresó a la Cancillería y ese mismo año logró el cargo de primer secretario de la Embajada de Venezuela en Kenia.

Juana Sagaray negó que los vínculos de su hermano con el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), de cual es integrante, le ayudaron a ascender rápidamente en la Cancillería, y sostuvo que el abogado avanzó en su carrera diplomática gracias a sus méritos profesionales.

Ante la posibilidad de que Dwight pueda ser condenado en Kenia por el asesinato de la diplomática, Juana señaló que confía en su inocencia y que aspira a que su hermano retorne a Venezuela.

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El reportero de la Associated Press Tom Odula colaboró en este despacho desde Nairobi.