La delegación uruguaya en la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) insistió a su similar de Argentina en la "necesidad" de hacer públicos los informes técnicos sobre el estado de las aguas del Río Uruguay y la planta de celulosa de la empresa UPM (ex Botnia), informaron hoy fuentes oficiales.

Dar a conocer los resultados de los análisis realizados en los laboratorios internacionales "es lo mejor para todos", dijo hoy a Efe el exvicepresidente uruguayo Luis Hierro López, integrante de la delegación de su país en la CARU.

La delegación argentina se opone a la difusión de los informes con el argumento de falta de acuerdo en la temperatura máxima permitida para el vertido de las aguas de la planta de la finlandesa UPM al Río Uruguay.

Para la delegación uruguaya se trata de "una excusa" porque "fuera cual fuera" la temperatura "no tiene incidencia" en la medición de los niveles de detergente, fósforo, cloro o metales pesados en el agua, agregó Hierro López.

Como forma de destrabar la situación, la delegación uruguaya sugirió al Comité Científico integrado por técnicos de ambos países para realizar los monitoreos que "haga una advertencia" o "aclaración" sobre la falta de acuerdo en el tema de la temperatura de las aguas vertidas, "pero que se difundan los otros parámetros", destacó.

La delegación uruguaya en la CARU difundió anoche un comunicado en el que "reitera" que Uruguay "no tiene obstáculo" y "brinda su pleno consentimiento" para la publicación "completa e inmediata" de los resultados de "todos" los análisis llevados a cabo por los laboratorios internacionales.

Los monitoreos se realizan de manera conjunta en la planta Orion de UPM, ubicada en la periferia de la ciudad uruguaya de Fray Bentos y frente a las costas de la provincia argentina de Entre Ríos, y en la desembocadura del Río Gualeguaychú en el fronterizo Río Uruguay. La publicación de los resultados constituye un "paso ineludible" para la "adecuada instrumentación" del monitoreo conjunto acordado por los gobiernos de Argentina y Uruguay el 14 de noviembre de 2010, agrega la nota.

Además, se señala que Uruguay "continuará monitoreando" el funcionamiento de la planta tal como lo dispuso la Corte Internacional de Justicia de La Haya y publicando los resultados de los controles que realiza la Dirección Nacional de Medio Ambiente en forma "regular, seria y rigurosa" desde el inicio de las operaciones de la planta en el año 2007.

La construcción y funcionamiento de la planta de UPM (ex Botnia) generó el peor conflicto en décadas entre Uruguay y Argentina que derivó en un juicio frente a la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

Las autoridades argentinas y grupos de vecinos de Entre Ríos rechazaron la construcción con el argumento de que causaría daños al medio ambiente de la zona.

La Asamblea Ambiental de Gualeguaychú bloqueó durante tres años el principal puente entre ambos países como forma de protesta lo que afectó el ingreso de turistas argentinos a Uruguay.

La planta fue construida con una inversión de 1.800 millones de dólares, la mayor en la historia de Uruguay.