La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió hoy a las autoridades venezolanas a realizar una "investigación exhaustiva" sobre la denuncia de masacre de cerca de 80 indígenas yanomami que, dice, ocurrió en una remota región del Alto Orinoco, en Venezuela.

La CIDH recuerda que los "Estados están obligados por el derecho internacional de los derechos humanos a esclarecer judicialmente los graves actos de violencia denunciados, sancionar a los responsables y reparar las consecuencias".

Según la denuncia los hechos ocurrieron el pasado mes de julio en la Comunidad de Irotatheri en el Alto Orinoco venezolano, cerca de la frontera con Brasil.

De acuerdo a las informaciones divulgadas el pasado 27 de agosto, mineros ilegales, también conocidos como garimpeiros en Brasil, atacaron un shabono (vivienda comunitaria) donde se encontraban aproximadamente ochenta miembros de la Comunidad de Irotatheri del Pueblo Yanomami.

Algunos supervivientes denunciaron cómo los ocupantes de un helicóptero dispararon contra todos los miembros de la Comunidad, incluyendo niñas, niños y ancianos.

El Ministerio Público de Venezuela anunció públicamente que iniciaría investigaciones sobre estos hechos, y la ministra para Pueblos Indígenas, Nicia Maldonado, señaló poco después que no se habían encontrado evidencias de la masacre.

Sin embargo, la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, indicó ayer que hasta el momento no se habían encontrado evidencias sobre la supuesta matanza, aunque reconoció que faltaban por visitar dos etnias de difícil acceso.

La Coordinación de Organizaciones Indígenas de Amazonas (COIAM) emitió el lunes un comunicado en el que denunció que la comisión investigadora gubernamental no llegó a la Comunidad de Irotatheri.

La CIDH recordó que "los Estados están obligados a adoptar medidas efectivas dirigidas a proteger la vida e integridad de los miembros del pueblo Indígena Yanomami, frente a los ataques que sufren por parte de terceros interesados en los recursos naturales que existen en sus territorios ancestrales".

En marzo pasado el Estado venezolano se comprometió ante el organismo interamericano a promover el establecimiento de un "Plan de Vigilancia y Control Conjunto y Permanente, para monitorear y controlar la entrada de garimpeiros y la minería ilegal en el área Yanomami".

La CIDH es un organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) que vela por los derechos humanos en la región.