Inversores privados podrán contar dentro de unos seis meses con áreas donde tendrán su propia policía, leyes y sistema judicial sin pagar impuestos al estado central al ponerse en marcha el martes el polémico proyecto de las llamadas "ciudades modelo".

Un grupo internacional de inversores y representantes del gobierno firmaron un Memorándum de Entendimiento en el Congreso Nacional con el objetivo de que el proyecto, calificado por algunos de "motor de desarrollo" y por otros de "catástrofe para Honduras" comience a funcionar en los próximos meses.

"Hemos trabajado durante un año con diversos grupos de inversionistas para que una inversión de la magnitud que prevemos pueda llevarse a cabo", dijo Carlos Pineda, Presidente de Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada creada por el gobierno, que calificó el proyecto como "la potencia que puede convertir a Honduras en un motor de riqueza" y un "instrumento de desarrollo propio de países del primer mundo".

Por su parte, el cofundador y copresidente del grupo inversionista MGK, Michel Strong, declaró que "el futuro recordará el día de hoy como el día en que dio comienzo el desarrollo de Honduras" porque "creemos que esta va a ser una de las transformaciones más importantes del mundo, a través de la que Honduras terminará con la pobreza creando miles de empleos".

El presidente del Congreso, Juan Hernández, dijo que el gobierno hondureño ha recibido de las autoridades de Corea del Sur 4 millones de dólares para los trabajos iniciales y que las tres primeras ciudades modelo serán creadas en el Valle de Sula, al norte del país, en la zona de Puerto Castilla en la costa caribe y en el sur del país, sin especificar más detalles.

Hernández anunció que el grupo MGK invertirá inmediatamente 15 millones dólares para comenzar con la infraestructura más básica de la primera ciudad modelo con los que pretenden crear 5.000 empleos en los próximos seis meses y hasta 200.000 empleos en el futuro.

Una Región Especial de Desarrollo o "ciudad modelo" es un "ente de naturaleza urbana creado con el propósito de adoptar tecnologías que permitan producir un alto valor agregado" y "con capacidad de captar la inversión nacional y extranjera" que se requiere "para crecer aceleradamente" y puede "dotar a la población de los servicios de educación, salud y seguridad" según su estatuto constitucional, aprobado en agosto de 2011.

Las "ciudades modelo" contarán con un sistema de gobierno y leyes propias, un gobernador nombrado por el presidente de la república e incluso "deben crear una policía propia que tendrá la capacidad de celebrar convenios de colaboración con las policías de otros países" ya que "su fuero jurisdiccional será independiente de los órganos jurisdiccionales hondureños".

También estarán autorizadas a firmar acuerdos internacionales en materia de comercio e inversiones bajo un régimen de libre comercio y gozarán de autonomía para establecer normativas migratorias propias así como de la libre entrada de naves y aeronaves, un régimen financiero independiente, así como de política monetaria propia y sólo transferirán recursos a las autoridades hondureñas para "financiar becas de estudio o en caso de catástrofes nacionales".

El gobierno central, siempre según el Estatuto Constitucional aprobado por el congreso, no podrá recaudar tributos en su interior e incluso en el estatuto que las crea se marca el tope impositivo que podrá aplicarse en su interior: un 5% para el impuesto al valor agregado, un 12% para la renta de las personas físicas y un 16% para la renta de las personas jurídicas.

Su creación ha generado una fuerte polémica en Honduras debido a que son vistas como una cesión de soberanía.

Oscar Cruz, ex fiscal de Defensa de la Constitución del Ministerio Público, quien elaboró el Recurso de Inconstitucionalidad presentado ante la Corte Suprema de Justicia en octubre de 2011 y que aún no ha sido resuelto, las ha calificado como "una burla al estado" y una "catástrofe para Honduras" ya que "se cede parte del territorio nacional y la población adscrita sin ponerle límite ni en el número ni en la extensión".

Añadió que las ciudades "suponen la creación de un estado dentro del estado, un ente mercantil con atribuciones estatales fuera de la jurisdicción del estado al que se le entregan todos los atributos tradicionales de la soberanía".

Miriam Miranda, presidenta de la Organización Fraternal Negra de Honduras, OFRANEH, que agrupa al pueblo garífuna, es una de las principales opositoras al proyecto ya que la zona de Puerto Castilla, donde se ha anunciado la ubicación de la primera "ciudad modelo" es, según ella "el lugar donde se concentran las 24 comunidades que son el repositorio del pueblo y la cultura garífuna", "comunidades cuya continuidad corre peligro de continuar esta iniciativa".

Miranda exige que a los representantes del pueblo garífuna se les diga "exactamente dónde piensan ubicarlas" ya que "según el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, esos territorios son del pueblo garífuna y no pueden ser entregados al capital extranjero en una acción de puro colonialismo como las que en Honduras ya se vivió en la época en que nuestras tierras se convirtieron en enclave bananero".

Para Miranda, "hay mucho capital extranjero en busca de territorio en el que maximizar beneficios" y sólo en el contexto de "crisis institucional permanente y desesperación que caracteriza la política hondureña desde el golpe de estado, a alguien se le ocurriría una cesión de soberanía como esta."

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