Trabajadores del canal privado Globovisión exigieron hoy en la Fiscalía General de Venezuela el final de las "acusaciones infundadas" contra el colectivo, después de que un trabajador del canal se viera presuntamente involucrado en un tiroteo, y reclamaron un juicio sin interferencias del Gobierno.

"Exigimos al Poder Ejecutivo Nacional que no se entrometa más en la investigación. Al Ministerio Público le pedimos que prosiga la averiguación y esclarezca lo ocurrido" y garantice los derechos humanos de los investigados, indicó una portavoz de los trabajadores al leer un comunicado a la puerta del Ministerio Público.

Además, los empleados del medio, de línea abiertamente crítica con el Gobierno, reclamaron que el caso sea "juzgado por un tribunal independiente e imparcial, sin interferencias ni presiones indebidas del presidente (Hugo) Chávez y sus colaboradores inmediatos".

El ministro de Interior, Tareck el Aissami, acusó el pasado viernes a un equipo de televisión de Globovisión de entrar ilegalmente en unidad productiva socialista próxima a Caracas el día 28 de agosto.

Narró que cuando los campesinos les reclamaron "el ingreso sin autorización", un camarógrafo del canal abrió fuego e hirió en el cuello a uno de ellos, según habrían confesado, dijo el ministro, los otros dos trabajadores del medio de comunicación.

El vicepresidente Elías Jaua encabezó posteriormente un acto para repudiar ese episodio en la misma unidad productiva, en la que increpó al canal privado.

Los trabajadores de Globovisión repudiaron hoy las declaraciones de Jaua y El Aissami por acusar "indiscriminadamente" a los trabajadores del medio y "promover la violencia al generalizar una situación concreta y específica que presuntamente involucra a un trabajador", cuando apenas comienza la investigación.

Agregó que esas acusaciones "configuran un discurso oficial instigador de agresiones físicas y verbales" y "fomentan la intolerancia y hostilidad".

"Si es que alguien cometió un hecho ilícito, invocamos la aplicación de la ley y un juicio justo. Sin embargo, denunciamos el manejo mediático e irresponsable que le han dado el vicepresidente y el ministro a esta situación", señalaron.

Además, reclamaron que se adopten medidas para "proteger la vida, integridad personal y libertad de expresión" de los trabajadores del medio.

El pasado 29 de junio Globovisión pagó "bajo protesta" una multa de 2,1 millones de dólares para evitar un embargo de bienes por 5,6 millones de dólares ordenado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) tras ser acusado de apología del delito en la cobertura de una crisis registrada en junio de 2011 en una prisión cercana a Caracas.

Además, contra el presidente de Globovisión y empresario automotor, Guillermo Zuloaga, quien reside actualmente en EE.UU. y es considerado por las autoridades venezolanas un prófugo de la justicia, pesa una orden de detención desde junio de 2010 por un caso de presunto acaparamiento de automóviles y usura en su venta.