Cientos de personas protestaron en el centro de Madrid contra la anulación a partir de hoy de la tarjeta sanitaria de los inmigrantes que no cuentan con permiso de residencia en España, una decisión del gobernante Partido Popular que calificaron de "apartheid sanitario" y de "xenófoba".

El acto se celebró contra la entrada hoy en vigor de esta medida, que afecta a más de 150.000 inmigrantes irregulares en España, y que está incluida en un decreto de medidas urgentes de ahorro del Gobierno para salvaguardar el futuro de la sanidad pública.

Una treintena de organizaciones y colectivos de la sociedad civil, asociaciones de inmigrantes y refugiados y de defensa de los derechos humanos, agrupadas en la Red por el Derecho a tener Derechos, convocaron esta concentración frente al hospital madrileño Gregorio Marañón.

Los asistentes, muchos de ellos extranjeros que residen en España, corearon proclamas como "ningún ser humano es ilegal" o "Partido Popular, Ku Klux Klan", al tiempo que pidieron la dimisión de la ministra de Sanidad, Ana Mato.

También portaron pancartas en las que se podía leer "No a las medidas discriminatorias y racistas" o "Recortes en Sanidad = muerte".

A la protesta se sumaron políticos de la oposición al Partido Popular, como la secretaria ejecutiva de Cooperación e Inmigración del opositor Partido Socialista, Marisol Pérez, quien demandó al Ejecutivo que "rectifique" y ponga fin a este "apartheid sanitario", que tachó de "cruel, inhumano e ineficaz".

Yoro, de 22 años y procedente de Gambia, quiso hablar en nombre de su mejor amigo, que padece cáncer de hígado y que no tiene papeles, ante el temor de que se quede sin tratamiento con la nueva normativa.

"Vamos a morir si no nos atienden; el Gobierno tiene que rectificar, no puede abandonarnos a nuestra suerte porque no tenemos dinero para pagar los tratamientos", declaró este joven a Efe.

Un inmigrante senegalés de 30 años, de nombre Fallou, rodeado de un grupo de amigos indocumentados y sin trabajo, pidió a las autoridades sanitarias que no les dejaran "tirados", porque llegaron a España buscando "una situación mejor" y no tenían "adonde ir".

"Si tenemos enfermedades infecciosas y no nos tratan, al final se va a contagiar más gente y el problema va a ser peor", aseveró Fallou.

El Ministerio de Sanidad anuló hoy la tarjeta sanitaria de todos los extranjeros que no cotizan a la Seguridad Social en España y de los españoles que nunca trabajaron y con ingresos superiores a 100.000 euros (125.000 dólares) al año.

Los extranjeros sin papeles sólo tendrán asistencia sanitaria de urgencia por accidente o enfermedad grave y en el embarazo, parto y postparto, a excepción de los menores de 18 años que recibirán los mismos servicios que el resto de los españoles.

Desde Médicos del Mundo, un portavoz, Mario Pérez, exigió hoy al Ejecutivo la derogación del decreto porque, señaló, vulnera el derecho a la salud y colapsará las urgencias ahora que los inmigrantes irregulares no tienen otro lugar al que acudir, generando "gasto en lugar de ahorro".

No existen datos oficiales sobre las personas que residen en España sin permiso, aunque el cruce del número de extranjeros del Instituto Nacional de Estadística con aquellos que no figuran en los registros del Ministerio español de Empleo, arroja una cifra de ciudadanos "sin papeles" de 459.946 personas.

De estas, unas 153.469 son inmigrantes no comunitarios indocumentados, los más perjudicados por esta medida, al pertenecer a un colectivo vulnerable y con escasos recursos, y el resto son extranjeros en situación irregular de países de la UE.

Las autoridades estudian ofrecer a extracomunitarios en situación irregular y a europeos no asegurados una póliza, si quieren cobertura sanitaria completa, de 710,40 euros anuales -59,20 al mes- o de 1.864,8 para mayores de 65 años -155,40 mensuales-.

Varias organizaciones de médicos han iniciado una campaña de objeción de conciencia para no obedecer el decreto, a la que ya se sumaron unos 1.800 profesionales sanitarios.

Además, los gobiernos regionales de Cataluña, Galicia, País Vasco, Castilla y León, Navarra, Andalucía o Asturias ya han anunciado que seguirán atendiendo a los indocumentados.