Una controvertida ex congresista, que en 2007 denunció al gobierno del entonces presidente Alvaro Uribe de haber comprado su voto en el parlamento para así garantizar su reelección como mandatario, fue condenada a 32 años de prisión por su probada participación en el delito de secuestro extorsivo.

La Fiscalía informó el viernes que la condena a la ex representante a la Cámara Yidis Medida fue impuesta por un tribunal penal de la localidad de Barrancabermeja, en la capital del departamento de Santander y a 300 kilómetros al noreste de Bogotá.

Medina ya esta detenida en la prisión femenina del Buen Pastor, en el noroeste de Bogotá, donde purga una condena de 47 meses por aceptar ofertas de cargos políticos a cambio de votar a favor de una reforma legislativa en 2004 que permitió la reelección de Uribe.

Medina fue acusada en 2008 por un ex funcionario de la Alcaldía de Barrancabermeja de estar detrás de su retención y la de otros dos ex funcionarios, durante un día en diciembre de 2000, por parte de rebeldes del Ejército de Liberación Nacional para presionarlos para que aprobaran la emisión de cheques a su nombre por unos 500 millones de pesos (unos 277.000 dólares), según John Franco, abogado de las tres personas que fueron retenidas.

"Se me acabó la vida", dijo Medina desde prisión a la televisora RCN tras conocer la nueva condena. "Yo soy víctima", agregó al negar cualquier responsabilidad en las acusaciones de secuestro.

La condena puede ser apelada ante un tribunal superior en Santander. La ex congresista, sin embargo, no dijo si ya había interpuesto el recurso emitido la víspera.

El fallo fue "una decisión de un juez de la república, independiente y autónomo, que representa la necesidad de justicia y verdad que necesitábamos", sostuvo Franco. El abogado explicó telefónicamente a The Associated Press que Medina no pudo probar ante el juzgado que se trataba de un complot en su contra por parte de los tres ex funcionarios.

Ricardo Sequea, ex secretario de Hacienda de Barrancabermeja y quien acusó a Medina de su retención, dijo en diálogo telefónico con la AP que la ex congresista estuvo con los rebeldes al final del día de su secuestro, mantenía un trato familiar con los insurgentes y daba instrucciones sobre a quién dejar libre primero y a quién después.

Medina ha sido uno de los personajes más polémicos en los últimos tiempos debido a que a principios de 2007 dijo ante los medios de comunicación y las autoridades que tres años antes, en su calidad de congresista, funcionarios del gobierno de Uribe le habían ofrecido cargos públicos a cambio de que votara a favor del proyecto de ley que en ese momento buscaba aprobar una modificación a la carta magna para permitir la reelección. El proyecto fue aprobado y Uribe consiguió la reelección en 2006.

Producto de esa autoincriminación, Medina fue condenada en junio de 2007 por la Corte Suprema de Justicia a 47 meses de prisión por el delito de cohecho.

Por las acusaciones de Medina, dos ex ministros de Uribe (2002-2010), Sabas Pretelt y Diego Palacio, así como su ex secretario general, Bernardo Moreno, están siendo procesados. Moreno además está detenido.

Los tres ex funcionarios han negado siempre cualquier ilegalidad, al igual que Uribe, quien al conocer la condena contra la ex congresista dijo en un breve mensaje de correo electrónico: "¡Y (esa) es la testigo contra nuestros funcionarios!".