El relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, Richard Falk, condenó hoy el fallo de un tribunal israelí que exculpó al Estado de la muerte de la activista estadounidense Rachel Corrie, aplastada en 2003 por una excavadora en Gaza.

En un comunicado, Falk declaró que considerar, como establece el tribunal, "un lamentable accidente" la muerte de Corrie, que se interpuso entre la excavadora y una vivienda palestina que iba a ser demolida, "es una derrota para la justicia y la asunción de responsabilidades, así como una victoria para la impunidad de las fuerzas militares israelíes".

El relator de la ONU denunció que el tribunal que exoneró de responsabilidad al Estado y al ejército israelíes "ignoró el testimonio de numerosos testigos" que aseguraron que Corrie estaba en la línea de visión directa del conductor de la excavadora y que vestía un chaleco reflectante que la hacía claramente visible.

Sin embargo, el pasado martes el tribunal de Distrito de Haifa dio por buena la versión del ejército israelí de que el sur de Gaza era entonces una "zona de guerra" y que, por lo tanto, cualquier persona que estuviera presente en la zona se convertía en posible objetivo.

El tribunal consideró por tanto que no había fundamento para condenar ni al conductor de la excavadora que mató a Corrie, ni a los mandos militares en la zona, ni al Estado israelí.

Según el relator especial de la ONU, "el juez Gershon parece refrendar el punto de vista de un oficial de alta graduación que dijo ante el tribunal que en la guerra no hay civiles".

Para Falk, "un razonamiento tan impactante es una bofetada a las Convenciones de Ginebra, que imponen a las potencias ocupantes la obligación incondicional de proteger a la población civil".

Falk recordó que la Cuarta Convención de Ginebra establece que los trabajadores humanitarios y los activistas como Corrie "son objeto específico de protección por parte de las fuerzas ocupantes".

Esta Convención también prohíbe convertir en objetivo propiedades civiles como la vivienda ante la que murió Corrie, que pertenecía a un farmacéutico que vivía en ella con su familia.

"Este es un resultado triste, sobre todo para la familia de Corrie que abrió el caso en 2005, pero también para el imperio de la ley y la esperanza de que un tribunal israelí pusiera límites a la violencia del Estado, particularmente en relación con los civiles inocentes y desarmados en un territorio ocupado", declaró.

Falk relacionó este caso con otros parecidos que han exonerado a las fuerzas armadas y el Estado de Israel en ataques contra civiles en Gaza o en el caso de la conocida como "Flotilla de la Libertad", un grupo de naves procedentes de Turquía que, el 31 de mayo de 2010, fueron asaltadas por fuerzas especiales israelíes, en una operación en la que murieron nueve personas.

La familia Corrie anunció que recurrirá ante el Tribunal Supremo israelí, pero el relator especial dijo no esperar resultados.

"Es una burla a la justicia cuando se deja su aplicación a merced de las luchas partidistas en el sistema judicial israelí. Incluso el embajador estadounidense en Israel dijo a la familia Corrie que la investigación militar no fue creíble ni transparente", según Falk.