Organizaciones de derechos humanos y familiares de desaparecidos durante el conflicto armado (1980-1992) de El Salvador pidieron hoy al Estado investigar y esclarecer el paradero de más de 8.000 desaparecidos durante la guerra.

El Estado salvadoreño tiene que castigar "a los culpables y pedimos justicia y reparación porque nosotras las madres, aunque digan perdón y olvido, jamás vamos a olvidar una cosa de esas", dijo a Efe Dolores Hernández, de 72 años.

Hernández aún sigue buscando a su hijo, dos hermanos y dos sobrinos que fueron detenidos, en diferentes retenes, por miembros del Ejército salvadoreño durante la guerra civil y que jamás volvió a saber de ellos.

"Que investigue y que nos dé respuesta" porque "nuestras heridas siguen abiertas", agregó la anciana, quien participó en un acto conmemorativo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

"Es importante que el Estado reconozca (las desapariciones forzadas) como una acción sistemática del Estado" ejecutada durante el conflicto armado y por lo tanto "haga las acciones reparadoras" necesarias para que "estos hechos no vuelvan a repetirse" dijo a Efe Ovidio Mauricio González, coordinador de la Comisión Pro-Memoria Histórica de El Salvador.

"Las desapariciones forzadas además de ser un delito permanente (...) también violentan no sólo los derechos del desaparecido, sino también los derechos de sus familiares", añadió.

También los familiares y las diversas organizaciones de derechos humanos, aglutinadas en Pro-Memoria Histórica, exigieron a la Asamblea Legislativa ratificar la convención internacional de los derechos de las personas desaparecidas y declarar además el 30 de agosto como el día nacional de la desaparición forzada.

De acuerdo a Esther Alvarenga, coordinadora de la Asociación Pro Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos e integrante de Pro-Memoria, en reiteradas ocasiones han pedido al Parlamento ratificar la convención y declarar este día a favor de la desaparición forzada, pero que nunca han tenido una respuesta positiva.

El actual gobierno, en manos de la exguerrilla y ahora partido político Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), ha cambiado de "actitud" con respecto a este tema; "sin embargo, no se consiguen los votos necesarios para poder aprobar o designar el 30 de agosto como día del detenido desaparecido", expresó.

Hasta el momento solo 87 estados miembros de la ONU han firmado la Convención Internacional contra las desapariciones forzadas, de los cuales solo 21 lo han ratificado, según datos de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de este país centroamericano.