El Gobierno de Chile indicó hoy que es posible que algunos restos óseos encontrados en el Patio 29 del Cementerio General de Santiago, lugar que utilizó la dictadura para inhumar restos de detenidos desaparecidos, sean de personas que fallecieron antes del golpe militar del 11 de septiembre de 1973.

"De las 124 personas que están ahí sus esqueletos, no se sabe si estos provienen con anterioridad a septiembre de 1973 o con posterioridad a esa fecha, y si son o no son personas que sufrieron y fueron víctimas de la violencia política", sostuvo el ministro de Justicia, Teodoro Ribera en declaraciones a CNN Chile.

Ribera explicó que un sector del Patio 29 era usado como fosa común antes del año 1973, y que por eso no es seguro que todas las personas que están allí sean víctimas de la dictadura (1973-1990)

Además, el juez Alejandro Solís, que investiga los casos de detenidos desaparecidos durante la dictadura militar, informó este miércoles que se descubrieron otros 14 casos de identificaciones erróneas

El ministro Ribera confirmó hoy que hasta ahora se han acreditado 27 casos de identificación errónea "de los cuales se han notificado a 14 familias, para que puedan devolver esos restos óseos, para ser remitidas a los familiares legítimos", recalcó.

En 1991 se hallaron en fosas comunes del Cementerio General de Santiago más de cien cuerpos, que en principio familiares y autoridades dieron por hecho que se trataba de detenidos desaparecidos inhumados allí por la dictadura, en tumbas anónimas.

Sin embargo, posteriores análisis hechos por el Servicio Médico Legal (SML) chileno y por laboratorios europeos y estadounidenses descartaron que todos los restos correspondiesen a detenidos desaparecidos.

Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, dijo hoy a los periodistas que es efectivo que antes del golpe militar el Patio 29 era un lugar de entierro donde la gente depositaba a sus deudos.

"Pero después del golpe ellos (los militares) lo mancillaron, lo violentaron enterrando cuerpos de nuestros familiares, asesinados brutalmente, torturados brutalmente", enfatizó Pizarro.

La dirigente dijo que el Gobierno debe agotar todos los esfuerzos para identificar a las víctimas de la represión militar y decir, también, donde están los victimarios.

"Donde hay víctimas hay victimarios y él como ministro de Justicia, debiese dar señales de cómo avanzamos en la identidad de los responsables", añadió.

Durante la dictadura de Pinochet, 2.279 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 están en condición de detenidos desaparecidos, según estableció en 1991 el informe Rettig.

En esta misma línea, la Comisión Valech, que en 2004 certificó en Chile 27.255 casos de tortura cometidos durante la dictadura de Pinochet, recibió desde febrero de 2010 más de 32.000 nuevos casos de tormentos.