La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, dijo que un decreto suyo que le niega prestaciones públicas a quienes se han acogido a la política de deportación aplazada ha recibido apoyo.

Esta semana, los centros que administran los programas de atención médica pública Medicare y Medicaid enviaron una carta a los estados en la que dicen que los inmigrantes sin permiso legal de residencia en Estados Unidos, pero que son acreedores a la suspensión temporal de la deportación, no son elegibles para solicitar el servicio de Medicaid, un seguro público para personas de bajos recursos.

El portavoz de Brewer, Matthew Benson, dijo al diario local Arizona Republic (http://bit.ly/PSzXEc ) que la carta debería resolver el debate que rodea al decreto de la gobernadora del 15 de agosto.

Agregó que la decisión sobre el Medicaid debería extenderse a todo tipo de beneficios, incluso la licencia de conducción estatal.

La presidenta de la Asociación de Abogados de Inmigración de Arizona, Regina Jeffries, dijo que no se espera que los inmigrantes a los que recientemente se les aplazó la deportación reciban beneficios financiados por el gobierno federal. Sin embargo, agregó que deberán cumplir los requisitos estatales para obtener una licencia una vez que reciban su permiso de trabajo.

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Con información de The Arizona Republic, http://www.azcentral.com