Periodistas bolivianos denunciaron hoy en una manifestación que el Gobierno los amedrenta e induce a la censura con la denuncia penal que presentó contra tres medios de comunicación por la supuesta distorsión de un discurso del presidente Evo Morales.

"El poder político está amedrentado la libertad de expresión e induciendo a la censura y la autocensura en este país", afirmó a Efe el presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz, Antonio Vargas, que encabezó un mitin frente al Palacio de Gobierno.

La manifestación contó con la participación de decenas de informadores que lograron burlar el cerco y las barricadas que la Policía puso en la Plaza Murillo, sede del Palacio de Gobierno y del Parlamento, para evitar la movilización de los periodistas.

Otro grupo de informadores se manifestó en los alrededores de esa plaza, protagonizó incidentes con los agentes y protesto ante la Fiscalía de La Paz, donde el ministerio de la Presidencia presentó la semana pasada la denuncia contra la Agencia de Noticias Fides, de la Iglesia Católica, y los periódicos Página Siete y El Diario.

También hubo manifestaciones en la ciudad central de Cochabamba y la oriental Santa Cruz, que siguen a otras realizadas esta semana en el sur y el occidente del país.

Los tres medios fueron acusados de "incitación al racismo" por la publicación de una nota que supuestamente tergiversa palabras de Morales y que provocó críticas en su contra de dirigentes regionales del oriente del país.

Los medios de comunicación alegan que no existe error ni delito en sus notas y titulares y que si el mandatario se siente afectado debió haber recurrido a la ley de Imprenta en lugar de presentar una demanda por la vía penal.

El director del diario Página Siete, Raúl Peñaranda, dijo a los medios que no aceptan la actuación de un fiscal en este caso y sostuvo que las denuncias del Ejecutivo son "un hito negativo para la democracia y la libertad de expresión".

Subrayó que es la primera vez en los 30 años de democracia en Bolivia, que se cumplen en octubre próximo, que el poder político denuncia penalmente a periodistas y que los antecedentes se remontan a tiempos de dictaduras.

"Lo que quiere el Gobierno es amedrentarnos y que la próxima vez que haya un discurso polémico de alguna autoridad, una metida de pata de una autoridad, que nos callemos, pero no lo van a lograr", dijo Peñaranda.