Amnistía Internacional (AI) denunció hoy el olvido en el que viven 52 millones de personas pobres en México y pidió la ratificación inmediata de un tratado internacional de derechos económicos, sociales y culturales.

La organización, que colocó varios muñecos frente a la Cancillería mexicana para llamar la atención sobre este problema, denunció que el Gobierno "responde a los intereses de empresarios mientras ignora a los ciudadanos en situación de pobreza".

"Es la mayor crisis de derechos humanos en México", dijo a los medios el coordinador de movilización e impacto de AI, Daniel Zapico, quien recordó que de los 112 millones de mexicanos, 52 millones viven en situación de pobreza, según cifras oficiales dadas a conocer en julio de 2011.

Por ello, exigió a las autoridades que muestren su compromiso con los derechos humanos y ratifiquen el llamado Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

El acuerdo establece un mecanismo para que las personas que sufren violaciones de sus derechos económicos, sociales o culturales, como el derecho al agua, la educación o la vivienda, puedan reclamar a la justicia internacional, recordó.

El retraso en la ratificación de este tratado por parte del Gobierno mexicano contrasta con la rapidez con la que se firman otros acuerdos de tipo comercial, como el Acuerdo multilateral Comercial contra la Falsificación (ACTA), señaló Zapico.

"Cuál es la prioridad realmente de las autoridad mexicanas cuando un acuerdo de lucha contra la pobreza y reconocimiento de derechos lleva 36 meses esperando y un acuerdo como el ACTA, que incluso puede tener efectos negativos en materia de derechos humanos, se firma en nueve meses", dijo.

El portavoz de la ONG se pronunció así luego de reunirse con el director general de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alejandro Negrín, quien -dijo- tuvo "buenas palabras", pero "muy similares a las que se han recibido en el pasado".

Zapico le entregó más de 9.000 firmas de ciudadanos que demandan cambios en las políticas de lucha contra la pobreza, que se unen a las cerca de 18.000 que AI, junto con otras cien organizaciones civiles, presentó en diciembre pasado para reclamar la aprobación del mencionado protocolo.

Tras el retraso en la ratificación del acuerdo se esconde la "falta de voluntad política" e interés en la materia, dijo el portavoz, quien confió en que finalmente se pruebe esta norma, adoptada en diciembre de 2008 por la Asamblea General de Naciones Unidas y firmada desde entonces por 39 países.

"Necesitamos este mecanismo para que cuando en México no se responda, se pueda ir ante un organismo internacional a denunciar una violación de derechos humanos (...), porque el agua, la salud, la educación y la vivienda son derechos que todos y todas tenemos que poder disfrutar", aseveró.