El juez Alejandro Solís, que investiga los casos de detenidos desaparecidos durante la dictadura militar, que fueron encontrados sin identificación en el Patio 29 del Cementerio General, informó hoy que se descubrieron 14 nuevos casos de identificaciones erróneas.

"En varios casos he tenido que decirles (a las familias) que lamentablemente los análisis se equivocaron. Devuélvame los restos porque tengo que entregárselos a otra persona. O decirles que esos restos no son de su pariente, pero no sé de quiénes son", apostilló.

En 1991 se hallaron en fosas comunes del Cementerio General de Santiago más de cien cuerpos de detenidos desaparecidos inhumados allí por la dictadura, en tumbas anónimas.

La mayoría fue identificada por los peritos del Servicio Médico Legal, pero en 2006 se informó de que hubo significativos errores en el reconocimiento y desde entonces se inició un exhaustivo trabajo para reparar el desacierto.

Ahora son 14 casos y el juez Solís ha tenido que emitir resoluciones que dan cuenta de la petición a las familias para que devuelvan los restos mortales entregados equivocadamente entre 1998 y 2012, informó este miércoles la página electrónica de Radio Cooperativa.

En otros casos las familias chilenas han revivido el dolor de no tener a sus familiares enterrados como se les había indicado hace 10 años por parte del organismo forense.

Solís explicó que "no hablaría de nuevos casos. Yo diría que a raíz de la investigación se demostró que había informaciones erróneas y se empezó todo de nuevo. Empezamos de cero y de ahí hemos estado en todos estos años con el laboratorio de Texas trabajando para identificar a 51 casos", aseveró.

Añadió que de esos 51 casos "muchos eran positivos y les pudimos decir a las familias que los restos que se entregaron efectivamente corresponden a sus deudos, pero en otros hemos tenido que decirles que los devuelvan".

La pasada semana, un grupo de expertos de las Naciones Unidas (ONU) reclamó al Gobierno de Chile que aplique políticas coherentes y coordinadas para investigar las desapariciones forzadas que se perpetraron durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

El organismo internacional escogió precisamente el patio 29 del Cementerio General de Santiago, para presentar las conclusiones preliminares de un informe realizado por el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas e Involuntarias (GTDFI) en Chile.

El informe, redactado por cinco analistas independientes de la ONU, constató un avance "importante" en materias como la justicia, la verdad, las reparaciones y la memoria, si bien señaló que las autoridades chilenas deben mejorar las políticas para investigar las desapariciones forzadas.

"Vimos que estos avances se han dado sin que exista una política coherente del Estado chileno, sin que exista una política sistemática del Estado", denunció entonces el argentino Ariel Dulitzky, miembro del GTDFI.

Durante la dictadura de Pinochet, 2.279 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 están en condición de detenidos desaparecidos, según estableció en 1991 el informe Rettig.