El Gobierno de Perú envió hoy al Congreso de la República un proyecto de ley que establece penas de 4 a 8 años de cárcel para los que nieguen la violencia terrorista que afectó al país durante las dos últimas décadas del siglo XX.

El proyecto de ley contra el negacionismo sanciona a todo aquel que públicamente apruebe, justifique, niegue o minimice los actos cometidos por organizaciones terroristas, informó la agencia oficial Andina.

La fórmula legal propone la incorporación de estas sanciones en el Código Penal bajo el concepto de "Negacionismo de los delitos de terrorismo".

La iniciativa pide sancionar a los autores de expresiones con fines de menospreciar, hostilizar u ofender gravemente un colectivo social, enaltecer a los responsables de dichos delitos, propiciar o estimular la violencia terrorista y el adoctrinamiento con fines terroristas.

Según el Ejecutivo, la norma busca "garantizar las condiciones mínimas que aseguren la convivencia social pacífica, teniendo en cuenta los hechos históricos ocurridos en Perú causados por el terrorismo".

La presidencia del Consejo de Ministro añadió, en una nota de prensa, que el proyecto "constituye un mecanismo legal destinado a reforzar el Estado de Derecho, a través de la tipificación de conductas que, excediendo el margen de libertad socialmente reconocida, trivializan o pretenden justificar los gravísimos actos de violencia terrorista" perpetrados en Perú.

La propuesta de sanciones al negacionismo se anunció después de que en los últimos meses ganara protagonismo público un grupo de seguidores y admiradores del fundador y cabecilla del grupo terrorista Sendero Luminoso, Abimaél Guzmán.

Estas personas, agrupadas en el Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef) piden una amnistía para todos los presos por haber participado en la guerra interna que asoló a Perú entre 1980 y 2000 y que dejó unos 70.000 muertos, según la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR).

Los miembros del Movadef, que niegan que Sendero Luminoso haya practicado el terrorismo, solicitaron su inscripción como partido político, pero fueron rechazados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), aunque mantienen su presencia en gremios, sindicatos y universidades.

El presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, afirmó hoy que el proyecto de ley debe ser sometido a un amplio debate nacional y dijo que está dispuesto a concurrir al Congreso para explicar los alcances de la norma, ya que la intención es evitar el riesgo de que los movimientos terroristas pretendan recuperar fuerzas y tener presencia política en el país.

El ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, afirmó el fin de semana pasado que el proyecto no atenta contra la libertad de expresión.

El proyecto de ley fue enviado al Congreso de la República el mismo día en que se cumplieron nueve años de la presentación del informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), que estableció que casi 70.000 personas fueron víctimas de la violencia interna, la mayoría a manos del grupo terrorista Sendero Luminoso.