Diez años después del estruendoso fracaso de los diálogos de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla más vieja del mundo, el presidente Juan Manuel Santos parece haber sacado "la llave de la paz" de su bolsillo al acallar los rumores que iban 'in crescendo' en la prensa nacional e internacional y anunciar, oficialmente, que estableció contacto con las FARC para poner fin a una guerra irregular que ya casi completa medio siglo.

En una breve alocución al país, Santos dijo que había sostenido "conversaciones exploratorias con las FARC para buscar el fin del conflicto", pero no ofreció detalles sobre esos contactos y cómo se adelantarían las negociaciones del que sería, desde 1980, el tercer intento serio de dialogar con una guerrilla fundada cuando Santos apenas tenía 13 años.

El presidente no detalló dónde o cuándo se dieron esos contactos, con qué representantes de la insurgencia ha hablado el gobierno, y sólo agregó que en los próximos días informaría al país sobre las conversaciones con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, alzadas en armas desde 1964.

Lo que se abre ahora es una serie de interrogantes sobre cuál sería la agenda de negociaciones, qué es lo que quiere la guerrilla y qué es lo que el gobierno está dispuesto a ofrecerle en un país que cambió la ecuación de la guerra en los últimos 10 años, en medio de las ansías de su gente de concretar el viejo anhelo de vivir en paz.

"Ya es la hora, ahora o nunca", dijo Omar Rodríguez, un comerciante de 40 años desde una calle del extremo norte de la ciudad, cuyos habitantes amanecieron escuchando en los noticieros sobre las posibles implicaciones del anuncio presidencial. "El diálogo es el único camino que queda. Las armas ya pasaron de moda y tiene que haber diálogo a las buenas o a las malas. No es que crea mucho en las FARC, pero toca creer, toca confiar porque no hay otro camino".

Desde que asumió la presidencia en agosto de 2010, Santos, un economista de 61 años y pertenecientes a una de las familias más influyentes del país, dijo que él era el único que tenía la llave que abriría las puertas hacia los diálogos de paz y que para llegar a esa mesa de negociaciones necesitaba pruebas contundentes de que la insurgencia quería dejar las armas cesando secuestros y atentados, entre otros ataques.

Y que mientras se llegaba a esa mesa, de acuerdo con Santos, la fuerza pública continuaría su combate frontal a los rebeldes. Ese postulado fue ratificado la noche del lunes: "Se mantendrán las operaciones y la presencia militar sobre cada centímetro del territorio nacional", dijo el presidente.

Se desconoce si el presidente ha conseguido un compromiso, de manera escrita o verbal, de la guerrilla sobre su intención de negociar o su voluntad de paz, que siempre ha manifestado en comunicados y declaraciones de sus jefes.

En la última década, tanto el Ejército como la Policía han dado golpes contundentes a las FARC: desde la muerte de sus principales líderes, como su máximo jefe Alfonso Cano en noviembre del 2011, pasando por la deserción de miles de sus combatientes; hasta la infiltración de sus frentes o el rescate de secuestrados en su poder.

Este cambio en la balanza de poder entre los bandos marca una diferencia de lo que sería una eventual negociación hoy a las adelantadas durante el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002), que fueron las mas recientes.

En ese entonces, cuando se produjeron los últimos contactos en 1998, que llevaron al año siguiente a una mesa de diálogos, el país tenía más de 3.000 secuestrados civiles, al menos 500 miembros de la fuerza pública retenidos en poder de los rebeldes y un déficit fiscal que impedía al "Estado comprar ni balas, ni botas para los soldados o para los policías", dijo Víctor G. Ricardo, que fue Alto Comisionado para la Paz en aquellos años de conversaciones en San Vicente del Caguán, en el departamento de Caquetá, al sur del país, entonces bastión de las FARC.

Incluso existía "una opinión internacional favorable a la guerrilla", dijo Ricardo.

Temibles jefes del paramilitarismo y el narcotráfico vivían en la impunidad, eran entrevistados en televisión nacional y el país tenía una tasa de homicidios de 67 por cada 100.000 habitantes, según informes de la policía nacional de 1996.

A mediados de 2000, Pastrana consiguió que el gobierno de Estados Unidos aprobara el llamado "Plan Colombia" y desembolsara desde entonces y hasta ahora unos 8.000 millones de dólares en equipos y entrenamiento para la fuerza pública.

Los resultados de la ayuda estadounidense de la mano con la profesionalización de la fuerza pública produjo un notable repliegue de las FARC, que controlaban zonas rurales o tenían influencia.

De tener 15.000 miembros las FARC hoy tienen unos 9.000, según los datos de las autoridades.

La situación financiera del país también es distinta hoy en día, su tasa de homicidios ha descendido progresivamente hasta alcanzar a 35,9 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2011, de acuerdo al más reciente reporte del Instituto Nacional de Medicina Legal.

Los líderes de las bandas paramilitares, que se enseñoreaban de sus masacres perpetradas en todo el país, están muertos o presos y algunos de sus jefes extraditados a Estados Unidos, mientras una vigorosa sociedad civil ha ganado voz nacional e influencia en el Estado.

Desde mediados de la década de los 90, las FARC dieron tantos y tan duros golpes al Ejército que se calculaba que controlaban amplias zonas rurales del país y al menos 200 municipios del millar que hay en Colombia, dónde no existía presencia gubernamental.

Como un gigante militar, las FARC llegaron a la mesa de diálogos en una vasta zona de 42.000 kilómetros cuadrados en el sureño departamento de Caquetá, el doble de Suiza, de la que se evacuó a la fuerza pública por exigencia rebelde.

Tras casi cuatro años de diálogos, secuestros de políticos y atentados a la población y la infraestructura del país, Pastrana ordenó el reingreso a la zona de la fuerza pública en febrero de 2002 sin que se pudiera concretar un acuerdo.

"Hoy en día la fuerza pública está fortalecida, está profesionalizada, está tecnificada", dijo Ricardo. "El gobierno cuenta con recursos fiscales adecuados para realizar inversión social en las zonas de conflicto, la parte financiera de la paz está salvaguardada y además tiene éxitos en sus cifras (de inversión extranjera, reducción de desempleo) y la conciencia nacional es más clara respecto al conflicto colombiano. Todo esto hace pensar que evidentemente puede llegar la oportunidad de acabar con el conflicto armado".

Sin embargo, no todos creen que las "conversaciones exploratorias" como las definió Santos lleguen a buen puerto.

"Hacemos votos porque la cosa (acercamiento) salga bien... (pero) hay muchas razones para ser escépticos debido a que los intentos que se han hecho (en el pasado) han fracasado", dijo el senador del izquierdista Polo democrático Alternativo Jorge Robledo. "Falta ver (los resultados) porque a veces las partes que quieren hacer un trato, no lo hacen...finalmente si se están echando balas es porque las diferencias están allí", destacó el congresista.

Otros, como Alfredo Rangel, del centro de análisis del conflicto Fundación Seguridad y Democracia, alertaron que ya en el pasado han fallado conversaciones que se inician en medio de las hostilidades, sin pactar primero un cese al fuego.

"Era preferible que estos diálogos se iniciaran con un cese al fuego indefinido, unilateral y definitivo por parte de la guerrilla de las FARC. El esquema del diálogo en medio de la confrontación ya es un esquema superado que ha demostrado sus debilidades, sus limitaciones que ha traído incrementos de la violencia...y que ha sido utilizado por la guerrilla para fortalecerse militarmente y políticamente", dijo Rangel.

Para acabar el conflicto "debe haber un diálogo... (pero) de estos acercamientos yo creo que saldrá muy poco. Me parece que la guerrilla va a ser muy exigente en la mesa de negociación", destacó.

Ya en el pasado conocedores de la guerrilla y ex rebeldes han dicho que las FARC no aceptarían ni la cárcel ni la prisión y menos la extradición bajo cargos de narcotráfico, una de sus fuentes de financiamiento de su organización.

En el norte de la ciudad Ana Lucía Durán, una joven empleada bancaria 21 años, espera que finalmente pueda decir que vive en un país en paz, pero dice que la embargan las dudas porque "son muchas mentiras por años y años. Esto lo que ha dejado es muchas frustraciones y muchas decepciones", dijo. "Pónganse...en los zapatos de los colombianos: lo que necesitamos de verdad es que esto cambie".