La vicepresidenta de Perú, Marisol Espinoza, afirmó hoy que un proyecto de ley que busca sancionar a quienes nieguen los delitos de terrorismo ocurridos en Perú entre 1980 y 2000 debe ser analizado a profundidad en el Congreso, porque "podría ser un poco peligroso".

Espinoza, quien también es congresista del partido gobernante Gana Perú, dijo que los legisladores aún no han revisado el contenido de la propuesta planteada por el Poder Ejecutivo.

"Particularmente, me preocupa el tema porque hay que analizarlo en toda su amplitud. Yo creo que en una época donde estamos frecuentemente sin un parámetro establecido, una ley de este tipo podría ser un poco peligrosa, hay que analizar", declaró a los periodistas.

La vicepresidenta consideró que el tema debe abrirse al debate público y remarcó que esto permitirá "que las nuevas generaciones conozcan lo que significó más de 25 años de terror y las vidas que se perdieron" en su país.

"Este debate es fundamental y lo tenemos que impulsar los partidos políticos", acotó.

Espinoza añadió que el negacionismo puede estar comprendido en la apología al terrorismo, pero dijo que "definitivamente siempre hay nuevos caminos para ver una ley".

Ante las críticas planteadas por organizaciones sociales y algunos periodistas, el ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, afirmó el fin de semana pasado que el proyecto sobre el negacionismo no atenta contra la libertad de expresión.

"La ley del negacionismo es una respuesta al propósito del terrorismo de negar aquello que pasó, ese proceso de horror que ocurrió en el país, de modo que es una ley legítima", señaló.

La propuesta de sanciones al "negacionismo" se anunció después de que en los últimos meses ganara protagonismo público un grupo de seguidores y admiradores del fundador y cabecilla del grupo terrorista Sendero Luminoso, Abimaél Guzmán.

Estas personas, agrupadas en el Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef) piden una amnistía para todos los presos por haber participado en la guerra interna que asoló a Perú entre 1980 y 2000 y que dejó unos 70.000 muertos, según la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR).

Los miembros del Movadef, que niegan que Sendero Luminoso haya practicado el terrorismo, solicitaron su inscripción como partido político, pero fueron rechazados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), aunque mantienen su presencia en gremios, sindicatos y universidades.