Al menos 2,3 millones de hectáreas de Argentina están en manos foráneas, según datos parciales del Ministerio de Justicia consultados por Efe, cinco días antes de que venza el plazo dado por la reciente Ley de Tierras para que los extranjeros declaren los terrenos rurales de su propiedad.

La superficie declarada al Registro Nacional de Tierras Rurales (RNTR) equivale a El Salvador, la comunidad valenciana o 113 veces Buenos Aires, pero la Federación Agraria Argentina (FAA) estima que el total es muy superior y que puede rozar los 20 millones de hectáreas.

Basta con echar un vistazo a los centenares de kilómetros de la Patagonia argentina (sur) vallados con alambradas de púas por la familia italiana Benetton, el mayor terrateniente extranjero, que tiene en su poder 900.000 hectáreas, dedicadas a la producción lanar.

El censo oficial está encabezado hasta el momento por las provincias norteñas de La Rioja y Salta, con 407.323 y 334.834 hectáreas en poder foráneo, precisaron hoy portavoces oficiales.

Según los registros oficiales, los propietarios estadounidenses cuentan con 461.353 hectáreas, mientras que los italianos han declarado formalmente 455.322 hectáreas.

La Ley de Tierras, aprobada por el Parlamento el pasado diciembre, busca "proteger los recursos naturales argentinos, como política estratégica del país en un contexto global de crecimiento demográfico y aumento de la demanda alimentaria y energética", según el Ministerio de Justicia.

Para ello, establece que el porcentaje de territorio argentino en manos foráneas no debe superar el 15 % del territorio nacional y ninguna nacionalidad puede copar más del 30 por ciento total.

Además, el texto aprobado prohíbe que los extranjeros compren más de mil hectáreas por región, aunque al no prever retroactividad, no vulnera derechos ya adquiridos, como las más de 150.000 hectáreas que el magnate estadounidense Douglas Tompkins posee en los Esteros del Iberá (noroeste).

El impulsor de la ley, el diputado de la opositora Unión Cívica Radical Pablo Orsolini, declaró a Efe que los mayores logros de la norma son ganar control sobre la "soberanía nacional" y "poner restricciones a la adquisición de tierras con recursos naturales, en especial donde hay agua dulce".

Por ejemplo, ya no se podrán repetir adquisiciones como la de Tompkins, propietario de un área rica en fauna y agua dulce que el empresario, que se define como "ecologista conservacionista", dice querer proteger.

O la del inglés Joe Lewis, expropietario del Hard Rock Café, demandado ante la Justicia por haber cerrado el acceso al paradisíaco Lago Escondido tras comprar 18.000 hectáreas en la provincia sureña de Río Negro.

Orsolini remarcó que la norma tendría que haber ido más lejos y "proteger contra los desalojos" a la población que, propietaria o no, "tiene derechos adquiridos sobre la tierra al llevar generaciones viviendo en ella".

"Están expulsando a pobladores originarios y también a criollos que no son propietarios pero que ocupan la tierra desde hace mucho tiempo. La ley debería frenar los desalojos o realojarlos", denunció el diputado radical.

Uno de los casos más controvertidos fue el de la empresa fabricante estadounidense de helicópteros Poquiteros, que adquirió 117.000 hectáreas en la provincia norteña de Catamarca con 300 familias dentro y causó una fuerte movilización en la población local.

El presidente de la Comisión de Uso y Tenencia de la tierra de la FAA, Omar Príncipe, reconoció que la nueva legislación es "muy positiva", pero como aún no se ha completado el censo, "en términos prácticos es como si no se tuviese ley alguna, porque los operadores inmobiliarios conocen la situación y avanzan con las transacciones", criticó.

Príncipe se mostró confiado en que "la situación cambie" a partir del 1 de septiembre, vencido ya el plazo para declarar, pero hay voces que lo dudan.

"Cualquier empresa puede usar un testaferro y ponerlo como propietario nacional", advierte Carlos A. Vicente, responsable para América Latina de la ONG Grain.

"Además, no hace falta comprar. En las condiciones actuales de funcionamiento del agronegocio, a los grandes productores les vale con arrendar la tierra y el precio que pagan así es muy inferior a la compra", agregó Vicente, que denunció que bajo esta modalidad "se está extendiendo la frontera agrícola en todo el país".