El senado boliviano, controlado por el oficialismo, eligió al exministro de Gobierno Sacha Llorenti como nuevo embajador ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), decisión que fue criticada hoy por la oposición, que lo acusa de haber ordenado violentas represiones contra indígenas y campesinos en dos oportunidades.

El partido del presidente Evo Morales, el Movimiento al Socialismo (MAS), impuso la medianoche pasada su mayoría en el Senado para aprobar en una sesión reservada la designación de Llorenti, pese a las objeciones de los parlamentarios opositores.

El jefe de los diputados de la conservadora Convergencia Nacional Luis Felipe Dorado declaró hoy que la designación de Llorenti "es un premio al represor de la marcha indígena" realizada en 2011 por la defensa del parque natural Tipnis.

Dorado se refirió a la brutal represión que sufrieron los nativos en septiembre de 2011 en su primera marcha de la Amazonía a La Paz para oponerse al proyecto vial impulsado por el Gobierno de Morales, que derivo en la renuncia de Llorenti al cargo.

El presidente Morales calificó entonces de "imperdonable" la acción policial, pero ningún funcionario del Gobierno ha asumido su responsabilidad por lo ocurrido.

Los amazónicos y la oposición denunciaron a Morales, Llorenti y otras autoridades por la violenta represión, pero la Fiscalía excluyó al mandatario y al exministro de las investigaciones.

El líder del Movimiento sin Miedo (MSM) y exaliado de Morales, Juan del Granado, anunció hoy que impugnará la exclusión de Llorenti del caso y, paralelamente, informará a Naciones Unidas sobre los "antecedentes delictivos" del exministro.

Durante la gestión de Llorenti, también se produjeron choques entre campesinos y policías durante el desbloqueo en 2010 de una carretera que conecta a La Paz con el norte amazónico, en un operativo que se saldó con dos jóvenes civiles fallecidos.

El abogado de los familiares de esas víctimas, Jorge Quiroz, declaró a los medios que "así lo nombren embajador intergaláctico, la justicia igual va a llegar" y no desistirá de la acusación contra la exautoridad a la que culpa del desenlace del operativo.

Los opositores también creen que con la designación, se busca "bloquear" las denuncias ante la ONU contra el Gobierno de Morales por supuestas violaciones a los derechos humanos.

También hay críticas entre los seguidores del mandatario, como el exviceministro de Régimen Interior Rafael Puente que cuestionó hoy en una columna la elección de Llorenti porque, según dijo, "tiene cuentas pendientes con el pueblo boliviano y con el Estado".

En cambio, el vicecanciller Juan Carlos Alurralde declaró a los medios que "no hay ningún impedimento" para que el exministro sea embajador ante Naciones Unidas y anunció que "va a estar ejerciendo sus funciones" a mediados de septiembre.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, justificó que Llorenti está "perfectamente habilitado" para el cargo, pues "tiene muy claros los alcances del proceso histórico que vive Bolivia" y "suficiente experiencia para manejar unas relaciones conflictivas", según la agencia estatal ABI.