La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lamentó hoy la muerte de 26 personas en la prisión del Yare (Venezuela) en una reyerta entre internos, y pidió al Gobierno venezolano que tome medidas para evitar que se repita.

La Comisión mostró su preocupación por los reiterados episodios de violencia en esta cárcel donde, según la información recibida por la CIDH, entre enero y junio de este año han muerto 19 presos y 48 personas han resultado heridas.

El pasado 19 de agosto durante la visita dominical se produjo en la cárcel de Yare I un enfrentamiento entre miembros de bandas rivales que disponían de armas de fuego e incluso explosivos, en el que según el Gobierno murieron 25 reclusos y un familiar.

Según la información disponible, el penal de Yare I, a unos 70 kilómetros al sur de Caracas, tiene una capacidad de 750 plazas, pero alberga actualmente a 3.150 personas.

"La CIDH conoce los esfuerzos emprendidos por el Estado a fin de atender el grave problema de superpoblación carcelaria y alienta a las autoridades a continuar, profundizar y acelerar dichas tareas", señaló.

No obstante, insistió al Gobierno en que cumpla íntegramente las medidas provisionales dispuestas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) para proteger a los reclusos del Yare.

En estas medidas, vigentes desde marzo de 2006, la CorteIDH subrayó que "los Estados están en la obligación de desplegar acciones inmediatas que garanticen la integridad física, psíquica y moral de los internos, así como su derecho a la vida".

La Corte pidió al Estado adoptar de forma "inmediata" las medidas necesarias para evitar de forma "eficiente" la violencia en esta cárcel para "que no muera ni se afecte la integridad personal de ningún interno o de cualquier persona que se encuentre en dicho centro".

La CIDH, por su parte, subrayó que el Estado tiene el "deber jurídico ineludible" de adoptar acciones concretas para garantizar los derechos a la vida e integridad personal de los reclusos, en particular las destinadas a prevenir y controlar los posibles brotes de violencia en las cárceles.

En este sentido, el organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), que vela por los derechos humanos en el continente, reclamó que se tomen medidas "inmediatas" para desarmar a los reclusos y aumentar los controles de vigilancia a fin de evitar la entrada de armas en el penal.