El gobierno anunció el viernes que presentó sendas querellas contra tres medios por publicar una información en la que, según la denuncia, fueron distorsionadas declaraciones del presidente Evo Morales.

Los medios querellados son la Agencia de Noticias Fides (ANF), y los periódicos Página 7 y El Diario, dijo en rueda de prensa el viceministro de Coordinación Gubernamental, Javier Baldiviezo.

Precisó que fueron denunciados el martes ante el Ministerio Público por "difusión e incitación al racismo o a la discriminación".

La agencia noticiosa ANF el miércoles 15 de agosto envió a sus suscriptores una información que fue publicada por el diario Página 7 con el título de "Evo acusa de flojos a los habitantes del oriente", mientras que El Diario tituló "Morales opina que el oriental es flojo".

"En el oriente boliviano todo el año se produce, solo por falta de voluntad podemos no tener alimentos. En el altiplano es diferente, si hay helada, lluvia o granizada, no hay alimentos, pero en el oriente solo por flojos podemos hambrear", fueron las declaraciones de Morales en un acto con autoridades del Banco Mundial.

Según Baldivieso estas declaraciones del mandatario fueron distorsionadas por los tres medios.

"Hay una difamación (y) distorsión en esos titulares que buscan una confrontación entre el oriente y el occidente (de Bolivia)", añadió Baldivieso.

Las declaraciones de Morales fueron rotundamente rechazadas en el oriente boliviano.

El gobernante en reiteradas ocasiones ha asegurado que los medios de comunicación "son medios de oposición" y acusa a algunos medios de mentir.

La Asociación Nacional de la Prensa que agrupa a propietarios de medios escritos considera que existe una intolerancia del gobierno.

En Bolivia, cualquier demanda que tiene que ver con publicaciones informativas de los medios de comunicación debe resolverse ante Tribunales de Imprenta si los afectados son autoridades y no en tribunales ordinarios.

Pero ahora, la querella fue presentada ante la justicia ordinaria, ya que asegura que se trata de un "delito común", según la denuncia gubernamental.

El presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), Antonio Vargas, dijo que el gremio se declara en "franca emergencia" y que tomarán medidas, sin adelantar cuales.

Además criticó que el gobierno haya acudido al Código Penal cuando existe la denominada Ley de Imprenta para este tipo de casos.