Un fiscal argentino pidió elevar a juicio oral y público una causa contra el alcalde de Buenos Aires, el conservador Mauricio Macri, por escuchas telefónicas ilegales que motivaron su procesamiento junto a exfuncionarios y antiguos policías, informaron fuentes judiciales.

El requerimiento de elevación a juicio del fiscal Jorge Di Lello fue presentado ante el juez federal Norberto Oyarbide, a cargo del caso destapado en octubre de 2009, dijeron los portavoces.

El fiscal pidió enjuiciar a Macri, al exjefe de la Policía Metropolitana de la capital argentina Jorge Palacios, al antiguo agente del servicio secreto Ciro James, al exministro de Educación porteño Mariano Narodowski, al antiguo juez de la provincia de Misiones Luis Rey y a los excomisarios Raúl Alberto Rojas, Rubén Quintana, David Santiago Amaral y Antonio César Fernández.

Para la Fiscalía, Macri incurrió en los delitos de asociación ilícita y falsedad ideológica de instrumento público en las presuntas escuchas telefónicas a su antiguo cuñado Néstor Daniel Leonardo, indicaron las fuentes.

Macri, líder de la conservadora Propuesta Republicana, está procesado por "violación de secretos, abuso de autoridad y falsificación de documentos públicos en concurso con el de asociación ilícita", cargos ratificados en julio de 2010 por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.

Palacios y James, por su parte, están acusados de realizar escuchas al empresario Carlos Ávila, a ejecutivos de un hipermercado y a Sergio Burstein, familiar de una de las víctimas del atentado de 1994 contra la mutualista judía AMIA, que causó 85 muertos y cientos de heridos, señalaron.

El fiscal consideró además que hubo "administración fraudulenta" en la incorporación de James en el Ministerio de Educación de Buenos Aires, en momentos en que se encontraba a cargo de Narodowski.

El exmagistrado Rey está acusado de haber autorizado escuchas ilegales, mientras que los antiguos comisarios están imputados por presunto abuso de autoridad, violación de sus deberes y falsedad ideológica de documento público.

En la investigación que instruye el juez Oyarbide figura que los teléfonos fueron intervenidos por servicios secretos en respuesta a las órdenes que los exjueces Rey y Horacio Gallardo -éste último fallecido durante el transcurso de la causa- emitían por pedidos policiales para supuestas investigaciones.

El alcalde ha negado tajantemente ser responsable de espionaje y sostiene que es blanco de una campaña en su contra que empezó hace más de dos años el expresidente Néstor Kirchner, el esposo y antecesor de la mandataria Cristina Fernández, fallecido en octubre de 2010.