El Gobierno de Bolivia denunció por "incitación al racismo" a una agencia de noticias y a dos diarios por publicar una nota con la supuesta distorsión de unas palabras del presidente Evo Morales que le valieron críticas de dirigentes del oriente del país, informó hoy una fuente oficial.

El ministerio de la Presidencia denunció a la Agencia de Noticias Fides (ANF), de propiedad de la Iglesia católica, y los periódicos Página Siete y El Diario, dijo en una rueda de prensa el viceministro de Coordinación Gubernamental, Javier Baldiviezo.

La denuncia presentada a la Fiscalía de La Paz señala que los tres medios cometieron el supuesto delito penal de "difusión e incitación al racismo o a la discriminación" porque "de manera pública, tendenciosa y repetida divulgan de forma tergiversada un discurso" de Morales, "basándose en ideas de odio racial".

En su discurso del 15 de agosto Morales dijo "en el oriente boliviano, donde todo el año se produce, yo digo solamente por falta de voluntad podemos ser tan pobres o no poder tener alimento, mientras en el Altiplano (occidente) es diferente: si hay helada, si no hay lluvia, si hay granizada, no hay alimento, es una verdad eso, pero en el oriente no, solo por flojos podemos hambrear".

Según Baldiviezo, los medios acusados tergiversaron con titulares como "Evo dice que si se hambrea en el oriente es por flojera", "Evo acusa de flojos a los habitantes del oriente" y "Morales opina que el oriental es flojo y le critican por discriminador".

"Se ha intentado generar de forma dolosa a través de estos dos titulares y la información que genera la ANF una confrontación racial entre el oriente y el occidente por un tema que en ningún momento el presidente ha mencionado", justificó el viceministro.

Según el Gobierno, esos titulares generaron críticas contra Morales de los habitantes del oriente, en particular de la región de Santa Cruz, bastión de dirigentes opositores.

Hace unos días el ministro de Gobierno, Carlos Romero, anunció la querella contra ANF para "sentar un precedente con una sanción drástica".

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó el miércoles su preocupación por el anuncio y destacó que la Declaración de Chapultepec señala que "ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado por difundir la verdad".

El sacerdote jesuita José Gramunt de Moragas, director de la ANF, que difundió la noticia, lamentó esta semana en una columna la reacción del Gobierno y le acusó de pretender "matar al mensajero".

"En este caso, el mensaje confuso lo dio el señor Presidente; ANF no hizo otra cosa que transmitir el mensaje", dijo y agregó que su medio hace periodismo y no campaña para desprestigiar a Morales.

El presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz, Antonio Vargas, sostuvo hoy que están asombrados por la denuncia porque "es absolutamente contraria al marco legal" y aseguró que los informadores se declaran en "un estado de alerta permanente".

"Esto es una clarísima señal para amedrentar a la prensa para que se autocensure. Es terriblemente peligroso en un régimen democrático porque sin opinión pública, sin libre flujo de información (...) la democracia no tiene sentido", sostuvo a los medios.

Explicó que la Ley de Imprenta señala que si un funcionario público se ve afectado por una publicación debe defenderse usando esta norma que establece mecanismos y jurados especiales y solo si el demandante es un particular puede usar la vía penal.

En cambio, el Gobierno justifica que se trata de "un delito de orden público" y no corresponde aplicar la ley de Imprenta, sino el Código Penal.