La Comisión Interamericana de Derechos Humanos aseguró el jueves que la situación de los activistas en el continente ha empeorado y sostuvo que la labor de éstos encuentra obstáculos crecientes en algunos países.

La situación de los activistas en América "ha empeorado...porque hay una serie de obstáculos que ya había identificado la Comisión Interamericana en cuanto a la labor que desempeñan los defensores de derechos humanos", dijo el presidente de la CIDH, magistrado José de Jesús Orozco, durante la presentación en una universidad del centro de Bogotá del "Segundo informe sobre la situación de las defensoras y defensores de derechos humanos en las Américas".

Orozco, en entrevista con The Associated Press, precisó que en algunos países americanos esas trabas para el trabajo de los activistas equivalen a un aumento en el número de homicidios, a hostigamientos y a estigmatizaciones por su trabajo.

El informe no tiene una cifra precisa sobre los activistas muertos en el quinquenio. Sólo dice, por ejemplo, que unos 275 sindicalistas fueron asesinados en el continente entre 2007 y 2010.

Los países donde los activistas encuentran mayores problemas para su labor, según el informe, son aquellos en los que se interrumpió la democracia, como Honduras en 2009; en los que persiste un conflicto armado, como Colombia, o están azotados por fenómenos como el narcotráfico, como en el caso de México.

El primer informe lo había presentado la CIDH en 2006.

En Colombia, agregó el magistrado oriundo de México, los activistas son blancos de constantes agresiones por parte de las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), así como de las bandas narcoparamilitares conocidas las "Aguilas Negras" y "Los Rastrojos".

Para amedrentar a los activistas, añadió Orozco, los criminales recurren a seguimientos de ellos y sus familiares, así como a la intercepción ilegal de su correspondencia y aparatos de comunicación.

Para el presidente de la CIDH, en muchas oportunidades los organismos legales de los estados tampoco ayudan en la labor de los defensores de derechos humanos, y puso como ejemplo que a los activistas en ocasiones se les abre "acciones penales sin fundamento" o por "tipos penales ambiguos".

El tema de la impunidad para investigar los casos de ataques a los activistas también es alarmante en algunas naciones del continente.

Según Orozco, falta voluntad para indagar sobre esas agresiones.

También intervino en el evento Diana Sánchez, directora de la organización no gubernamental colombiana Minga, quien presentó un informe sobre la situación en Colombia de los activistas en los primeros seis meses de 2012.

En ese lapso, enfatizó Sánchez, en Colombia se cometieron 163 agresiones a defensores, que incluyen 81 amenazas, 29 asesinatos y 29 atentados en el primer semestre de 2012, con un aumento del 12% con respecto al mismo período de 2011.

Las mayoría de esas víctimas de esas agresiones fueron indígenas, según Sánchez en el acto realizado en la Universidad Externado de Colombia.

Citó tres casos de trabajadores de derechos humanos que fueron desaparecidos: Javier Silva Pérez, desaparecido desde abril y quien era líder campesino del departamento de Casanare, al este del país; Martha Cecilia Guevara, dirigente comunitaria del municipio de San Vicente del Caguán, en Caquetá, al sur colombiana, desaparecida también en abril, y Hernán Henry Díaz, dirigente desaparecido en el departamento de Putumayo, al sur de Colombia.