El 56,2 % de los embarazos en adolescentes salvadoreñas es no deseado y en su mayoría es producto de violencia sexual, según un estudio del Banco Mundial (BM) difundido hoy en San Salvador.

"Un porcentaje muy alto de esos embarazos no deseados es básicamente resultado de violencia, más de la mitad", dijo a Efe el economista sénior del BM y coordinador del estudio, Rafael Cortez, quien participó en un seminario de dos días, el miércoles y este jueves, donde se presentó el documento.

Generalmente un primer embarazo resultado de violencia termina, por las condiciones de vulnerabilidad en que queda la mujer, en "un segundo embarazo y con alta probabilidad de un tercero, y eso genera evidentemente un círculo de la pobreza", consideró.

Cortez reconoció que para poder combatir esta problemática es necesario un trabajo multisectorial, debido a que se necesita que la "ley sea operativa" para que sean castigados los violadores, pero también es necesario generar "conciencia" de los derechos de la población en su conjunto.

Según el estudio, "Salud sexual y reproductiva de los adolescentes y jóvenes: Incorporando la perspectiva de derechos humanos en las inversiones de salud pública", el 43,8 % de los embarazos en adolescentes es deseado, mientras un 56,2 % no.

La investigación realizada entre 1.258 jóvenes, entre las edades de 10 y 19 años, también destacó que las adolescentes salvadoreñas en promedio tienen su primer encuentro sexual a los 15,9 años y los hombres adolescentes a los 14,8.

Indicó también que uno de cada 10 adolescentes afirmó no tener suficiente información sobre métodos anticonceptivos y de planificación familiar.

De una población de 6,1 millones de personas, dos millones son menores de 14 años y alrededor de 1,7 millones tienen entre 15 y 29 años, según datos oficiales.

Los jóvenes perciben "que los servicios (de salud sexual) a veces no son lo suficientemente amigables y adaptados a lo que los muchachos esperan", consideró Cortez.

Señaló que "la estructura de prestación de servicios no considera a los adolescentes como potenciales usuarios de servicio, cuando las estadísticas demuestran que son usuarios desde una edad muy temprana".

El Estado debe generar servicios de salud y orientación "más amigables, de tal forma de que se promueva la igualdad y la no discriminación, que efectivamente está existiendo ya con este grupo de población de alto riesgo que son los adolescentes".

También es necesario que se promueva la participación y el empoderamiento de los derechos de los jóvenes, añadió.

El Estado tiene que balancear la información, pues debe orientar a los jóvenes sobre cómo protegerse, pero también enviarles el mensaje de "que para tener éxito en la vida" es mejor estudiar primero para luego tener una familia, dijo hoy a Efe Claire Brinis, una de las expertas que participó en el seminario organizado por el BM.

En el evento participaron representantes de diferentes países de Latinoamérica y expertos en salud sexual para intercambiar experiencias, según dijo Cortez.