El nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador, Salomón Padilla, dijo hoy que la normalización del órgano judicial será prioridad una vez que terminó la crisis por la anulación de la elección de magistrados.

Padilla asumió hoy sus funciones al igual que los otros magistrados que fueron elegidos de nuevo y juramentados anoche por la Asamblea Legislativa, lo que puso fin a la crisis desatada el 5 de junio pasado.

"La CSJ entra en un nuevo ciclo" y ahora "todo será tendente a la normalización de sus actividades", declaró Padilla a los periodistas.

Dijo tener "toda la disposición para que la Corte inicie de manera normal nuevamente sus actividades" y que está seguro de que "se hará un esfuerzo sobrehumano de todos los magistrados" para lograrlo.

Padilla aseguró que actuará "con apego a la Constitución y las leyes" y exhortó a los demás magistrados a hacer "un esfuerzo de comprensión, de tolerancia y de respeto mutuo".

La crisis dividió al órgano judicial salvadoreño en dos cortes supremas y afectó su actividad interna al extremo, según la prensa local, de paralizar muchos procesos judiciales.

La Asamblea Legislativa eligió de nuevo a la veintena de magistrados cuya designación, en 2006 y en abril de este año, había anulado la Sala de lo Constitucional de la CSJ por considerar que no les correspondía a las legislaturas que la hicieron.

El Parlamento, que rechazó los fallos de la Sala, cumplió así con un acuerdo político firmado el domingo por el presidente salvadoreño, Mauricio Funes, y los seis partidos con representación legislativa tras varias semanas de negociaciones.

Funes ha reconocido que con el acuerdo se acataron las sentencias de la Sala, que también ordenaron a la Asamblea elegir de nuevo a los magistrados.

Cada tres años debe renovarse un tercio de los 15 miembros de la CSJ, que así cumplen períodos escalonados de nueve años, pero la Constitución no dice cuándo deben ser elegidos.

Por otra parte, Padilla reconoció sus vínculos con el gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), pero sostuvo que esto no lo "descalifica" para dirigir la CSJ.

"He tenido vinculación con algunas empresas, he trabajado con una alcaldía (la de Soyapango), la mayor parte del tiempo con gestiones del FMLN", explicó.

"He colaborado evidentemente con ese instituto político y en ese sentido creo que eso ni a mi persona ni a ninguna otra la descalifica para poder ser juez", aseveró.

"No creo que (esa relación) sea obstáculo para desempeñarme con imparcialidad", consideró el magistrado.

Aseguró que llegó a la presidencia de la CSJ "sin haber adquirido compromisos, más que en exacto cumplimiento" de las leyes.

La prensa local ha señalado que Padilla fue uno de los abogados de la empresa mixta ALBA Petróleos, constituida en 2006 entre una veintena de alcaldías controladas por el FMLN y la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

ALBA Petróleos maneja un boyante negocio de importación de combustibles y lubricantes venezolanos que son distribuidos en decenas de gasolineras propias o que sólo usan su marca, y también destina recursos para programas sociales de esas alcaldías.