El juez revisor del proceso contra 37 acusados vinculados al primer mandato del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva respaldó hoy la tesis de que el dinero público alimentó una vasta red de corruptelas que operó entre 2002 y 2005.

El magistrado Ricardo Lewandowski, quien actúa como revisor en el llamado "juicio del siglo", pidió por tanto que el exdirector del estatal Banco do Brasil Henrique Pizzolato sea condenado por los delitos de malversación, corrupción pasiva y lavado de dinero.

Esos son los mismos cargos que ha formulado contra Pizzolato la Procuraduría General, que representa a la acusación, y los mismos que le ha señalado a ese imputado el juez instructor del Tribunal Supremo, Joaquim Barbosa.

Lewandowski coincidió por entero con el instructor en que del Banco do Brasil se desviaron hacia la red de corrupción unos 70 millones de reales (hoy 35 millones de dólares), que fueron desde esa institución a su filial Visanet, que luego los usó para cancelar contratos con agencias de publicidad que formaban parte de la trama.

Esas agencias, según los jueces, recibían el dinero pero luego no prestaban los servicios para los que habían sido contratadas y los recursos acababan, sin ser declarados, en las arcas del oficialista Partido de los Trabajadores (PT), fundado y liderado por Lula.

El revisor afirmó que la Policía Federal, la Procuraduría y la Contraloría General de la República comprobaron esas irregularidades en la fase de investigación de los escándalos.

Lewandowski también halló culpable de corrupción activa y lavado de dinero a Marcos Valerio Fernandes, propietario de las agencias de publicidad SMP&B y DNA, así como pidió condenar por esos delitos a sus socios Cristiano Paz y Ramón Hollerbach.

Ambas agencias, que fueron beneficiadas con los contratos de Visanet, son consideradas además por la acusación como el "corazón" de la compleja arquitectura financiera que habría financiado las supuestas corruptelas, que abarcaron desde financiación ilegal de campañas hasta sobornos en el Congreso.

Las defensas de todos los reos han aceptado las irregularidades que hubo en las campañas del propio Lula y de candidatos del PT a diversos cargos, pero han negado que con el dinero recaudado en forma ilegal hayan sido sobornados decenas de diputados, como dice la acusación.

Entre los 37 acusados hay tres exministros del Gobierno que Lula presidió entre 2003 y 2007, pero la Procuraduría General no incluyó entre ellos al exjefe de Estado pues no halló indicios de su participación en la trama.

Tal como había hecho la semana pasada el juez instructor, hoy Lewandowski consideró "inocente" al exministro de Información Luiz Gushiken, quien ha sido acusado de malversación.

El proceso continuará mañana, cuando el juez revisor seguirá con la lectura de sus consideraciones sobre la responsabilidad de cada uno de los acusados.

Una vez que concluya esa fase, los otros diez magistrados harán lo mismo hasta que se llegue al momento de las sentencias, que se calcula que pueden ser dictadas durante el mes próximo.