Los seguidores de una secta religiosa en el oeste de México están impidiendo el ingreso de maestros de escuelas públicas a su comunidad cercada, escenificando uno de los enfrentamientos más notables entre las autoridades religiosas y las civiles del país desde la década de 1930.

Las autoridades del estado occidental de Michoacán dijeron el miércoles que tal vez sea hora de pedir una operación policial grande para hacer cumplir el derecho a la educación en la comunidad, llamada Nueva Jerusalén, que en gran medida se ha gobernado desde hace casi 40 años de acuerdo con lo que considera como pautas bíblicas. La comunidad prohíbe la educación escolar formal, la televisión y la radio, así como la música y la moda modernas.

"Yo creo que aquí lo que procede es que se aplique el estado de derecho", dijo Efraín Barrera, vocero del municipio de Turicato, en Michoacán, donde se encuentra la zona cercada de la secta.

Según la legislación mexicana, la educación primaria es obligatoria. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Iglesia Católica dijeron el martes que la negativa de permitir clases en Nueva Jerusalén es una violación a los derechos de los niños.

Las instituciones exhortaron al gobierno a que actúe para romper el bloqueo, que hasta ahora ha generado enfrentamientos a puñetazos solamente, pero las cosas podrían empeorar. Los miembros de la secta recientemente atacaron y destruyeron el edificio escolar.

"Nos extraña que quieran imponer un credo religioso, que no una religión, a aquellos que están en un proceso formativo, como son los niños que asisten a la escuela primaria, quitándoles el derecho que toda niñez tiene de asistir y formarse desde los primeros años de su vida en la educación que otorga el Estado", dijo la Conferencia Episcopal Mexicana en un comunicado.

"Las leyes son para acatarse, y en este caso, son las autoridades locales las que deben intervenir y poner orden en un conflicto que si no se atiende, puede llegar más lejos. No es un asunto que deba esperar, es momento de actuar y ejercer el estado de derecho que se ha vulnerado", agregó.

La Iglesia Católica no reconoce a la secta, que fue fundada en 1973 por un sacerdote católico desertor que se opuso al abandono de las misas en latín y otros pasos de modernización.

El grupo exige el poder de designar a sus propios maestros, establecer su propio plan de estudios y obligar a las alumnas a vestir túnicas y pañoletas, alegando que de lo contrario las escuelas estarían introduciendo malos hábitos en la comunidad. En las escuelas públicas mexicanas, las niñas generalmente visten un uniforme que incluye falda a cuadros hasta la rodilla.

El grupo prefiere abstenerse de usar el teléfono y sus líderes no estaban disponibles para hacer comentarios el miércoles.