La gobernadora Jan Brewer defendió el martes su orden para que se nieguen licencias de conducir y otras prestaciones sociales a jóvenes inmigrantes que consigan permisos de trabajo conforme a una nueva política del presidente Barack Obama, y dijo que la culpa de su situación recae en el gobierno federal y en los padres que los trajeron de manera ilegal.

Brewer afirmó que no odia a los hispanos ni a los inmigrantes, sino que reafirma la intención de las leyes estatales de negar prestaciones sociales a las personas que no cuentan con autorización para estar en el país.

"Creo que todos en Arizona (y) a lo largo y ancho de Estados unidos tienen compasión por esos menores traídos por sus padres de manera ilegal al país", dijo Brewer. "Pero no es nuestra responsabilidad. Es de sus padres. Es necesario que respeten la ley", agregó.

La orden de Brewer de que se nieguen prestaciones sociales a quienes sean beneficiarios de la política de deportación diferida fue calificada de insensible, equivocada y cuestionable jurídicamente por partidarios de la medida migratoria.

Sin embargo, la orden no fue una sorpresa debido a las disputas entre la gobernadora republicana y el gobierno de Obama en torno a la ley de inmigración aprobada en 2010 en Arizona y cuestiones relacionadas.

Brewer reiteró su exigencia de tener una mayor seguridad fronteriza. Cuando la frontera sea segura, Washington podrá enfrentar otros problemas vinculados con la inmigración, agregó.

"Se trata de una situación desafortunada, pero la verdad es que es necesario encararla y creo que el gobierno federal es el que debe hacerlo, y debe hacerlo mediante modificaciones a la ley; necesita trabajar con el Congreso y hacer lo que sea necesario para rectificar lo ocurrido", señaló Brewer.

El gobierno federal dijo en julio que los arrestos de migrantes se han reducido a su nivel más bajo en 40 años, reflejo del declive en el número de personas que pretenden cruzar ilegalmente de México a Estados Unidos. Esta disminución quizá se deba a la lentitud de la economía estadounidense y a una intensificación de la vigilancia.

Brewer dijo que su orden tiene la intención de garantizar que las agencias estatales se adhieran al objetivo de las leyes del estado que niegan prestaciones sociales a los inmigrantes que viven ilegalmente en el país.

Pero también dijo que está en contra de que se modifiquen las leyes estatales para otorgar prestaciones sociales a las personas que se beneficien de la deportación diferida.

"No, yo creo que las personas deben estar aquí de manera legal y con presencia autorizada", apuntó la gobernadora.

Brewer conversó con la prensa tras adelantar su voto para las elecciones primarias de la próxima semana en el estado.

En un tribunal a varias cuadras de distancia, un juez federal escuchó los argumentos en torno a una solicitud que presentaron detractores para que se impida la entrada en vigencia de la parte más polémica de la ley migratoria del estado.

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Gráfico interactivo:

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