El Gobierno griego negó hoy que fuera a aplicar un recorte de 13.500 millones de euros, 1.900 millones más de lo previsto, ante los rumores de la prensa helena de que la troika (FMI, BCE, CE) de acreedores internacionales así lo exige.

"Son rumores completamente infundados", declaró hoy una fuente del Ministerio de Finanzas a Efe, y recordó la dificultad del equipo económico del Gobierno para finalizar incluso las medidas previstas por valor de 11.600 millones.

Según publican hoy los diarios To Ethnos e Imerisia, el Ejecutivo debe tomar medidas suplementarias por valor de 1.900 millones debido a que el impacto de los recortes iniciales provocará la reducción de los ingresos del Estado por vía fiscal.

A pesar del desmentido, el propio ministro de Finanzas, Yannis Sturnaras, alimentó los rumores al afirmar en una entrevista en el último número del semanario To Vima que "los representantes de la troika, en el mes de julio pasado, exigieron la adopción de medidas por 13.500 millones".

El equipo económico del gobierno intenta desesperadamente cuadrar las medidas de recortes de 11.600 millones para los dos próximos años, entre fricciones entre los partidos que apoyan al Gobierno por el descontento social que supondrán nuevos recortes con un paro en cifras históricas del 23 %.

Se prevé que el boceto avanzado de las nuevas medidas lo presente mañana el primer ministro, Andonis Samarás, al jefe del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, en Atenas, y a finales de la semana en Berlín y París, para demostrar la determinación helena en cumplir los acuerdos firmados en el segundo rescate por valor de 130.000 millones.

Pero para evitar que las medidas de recorte provoquen el fin del gobierno de coalición por el deterioro de la situación socioeconómica, Samarás estudia la posibilidad de adoptar los recortes en varios tramos y no todos juntos, como estaba inicialmente previsto, según el diario Kathimerini.

Según filtraciones a los medios, las medidas contienen reducciones de las pensiones, eliminación de la mayoría de las ayudas sociales y tijeretazos drásticos en las que continúen, el cierre de compañías públicas y la privatización completa de las empresas estatales de electricidad, gas, telecomunicaciones y gestión de agua.

También está prevista la reducción de 150.000 puestos de trabajo en el sector público hasta el año 2015.

Para reducir el despido de funcionarios, Samarás y su equipo económico elaboran un plan para poner en la reserva durante tres años a alrededor de 40.000 trabajadores públicos, quienes percibirían el 65% de su salario base.

El plan ya ha sido rechazado por Fotis Kuvelis -líder del socio gubernamental Izquierda Democrática- quien en declaraciones a los medios ha subrayado que "esta medida ya ha fracasado una vez, así que el gobierno no debe adoptarla".

Desde el inicio de los programas de austeridad en 2009, los funcionarios y los pensionistas han perdido alrededor del 40 % de su capacidad adquisitiva en tres oleadas de recortes, mientras que en el sector privado las cifras son similares debido al efecto de la liberalización de los convenios colectivos sobre los salarios.