El Gobierno de Perú anunció hoy que presentará ante el Congreso de la República un proyecto de ley que propondrá castigar la negación de la violencia terrorista que sufrió el país en las últimas décadas del siglo pasado.

El proyecto sobre el "negacionismo" fue mencionado por el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, durante la exposición que hizo hoy de la política general de Gobierno.

Jiménez, quien asumió el cargo el pasado 24 de julio, hizo una convocatoria "para hacer un frente común en la lucha contra el terrorismo y la defensa del sistema democrático".

Señaló que enviarán al Congreso propuestas de ley contra el "negacionismo" (que castiga a los que nieguen la violencia terrorista), la creación de la competencia para los juicios en ámbito nacional, contra la criminalidad organizada y la creación de un registro público de violadores sexuales y pedófilos.

La propuesta de sanciones al "negacionismo" se anunció después de que en los últimos meses ganara protagonismo público un grupo de seguidores y admiradores del fundador y cabecilla del grupo terrorista Sendero Luminoso, Abimaél Guzmán.

Estas personas, agrupadas en el Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef) piden una amnistía para todos los presos por haber participado en la guerra interna que asoló a Perú entre 1980 y 2000 y que dejó unos 70.000 muertos, según la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR).

Los miembros de esta agrupación, que niegan que Sendero Luminoso haya practicado el terrorismo, solicitaron su inscripción como partido político, pero fueron rechazados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

El despacho de Jiménez precisó que la propuesta de ley busca "penalizar a aquellos que buscan intervenir en la vida política del país negando su pasado subversivo".

Jiménez, quien también pidió la aprobación de normas para cambiar las relaciones con la industria extractiva, el acceso al agua y la educación de calidad, dijo que todos estos temas serán prioritarios en los próximos meses de Gobierno.

Añadió que el Ejecutivo mantiene su disposición al diálogo y a la solución de las controversias, pero dijo que esto "no excluye la acción ni el uso de las fuerzas del orden público, ni de la acción de la justicia, cuando se vulneren los derechos constitucionales".

El primer ministro ratificó que una de las preocupaciones de la actual Administración es "mantener un país en crecimiento con inclusión social" para mejorar la calidad de vida de los peruanos, con mayor estabilidad y desarrollo.