Puerto Rico se prepara para realizar el domingo un plebiscito constitucional que permitiría a la isla enmendar su carta magna por primera vez en casi medio siglo.

La consulta es doble. La primera propuesta a consideración busca reducir el tamaño del gobierno insular en casi un 30% para ahorrar fondos. De ser aprobado, el cambio entraría en vigencia en 2017. La otra parte daría a la judicatura el derecho a negar la libertad bajo fianza en ciertos casos de homicidio.

Puerto Rico es el único lugar de América donde todos los sospechosos, incluso los acusados de asesinato y violación, tienen derecho a la libertad bajo fianza. Los partidarios de la enmienda sostienen que reduciría la delincuencia y protegería a testigos y familiares de las víctimas. Los oponentes aducen que la medida despojaría a los sospechosos de sus derechos constitucionales.

Puerto Rico reportó un número récord de homicidios el año pasado y lucha por contener una ola de violencia vinculada con las drogas que ha matado a un número creciente de inocentes.

Los puertorriqueños también han manifestado indignación por los gastos legislativos y los escándalos de corrupción política que han forzado la renuncia de varios funcionarios.

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, exhortó a los votantes a aprobar ambas propuestas, diciendo que los fondos ahorrados al reducir la legislatura podría utilizarse para combatir la delincuencia y mejorar la educación. El referendo dispone reducir el número de bancas en el Senado de 27 a 17 y en la Cámara de Representantes de 51 a 39.

Rivera recordó a los votantes sobre varios casos resonantes en los que sospechosos de asesinato que recibieron fianza fueron acusados de volver a matar. Entre estos se encuentra Xavier Jiménez Bencevi, quien estaba libre bajo fianza en 2007 cuando fue acusado de matar a un testigo federal y tratar de asesinar a dos policías.

Desde enero de 2009 ha habido 563 casos de sospechosos que destruyeron pruebas y 438 casos de sospechosos que intimidaron a testigos, según el secretario de Justicia, Guillermo Somoza, quien dijo que los testigos a menudo temen atestiguar por temor a que los maten.

La Constitución de Puerto Rico prohibe a los jueces negar fianza o fijar fianzas excesivas, una determinación que queda a discreción del tribunal. Los abogados defensores también pueden solicitar que otro juez reduzca la fianza.

Si se aprueba la propuesta, la enmienda sobre fianzas entraría en vigencia casi inmediatamente, mientras la reducción de la legislatura se haría efectiva en enero de 2017.