La Corte Suprema de Arizona declaró constitucional una ley que obliga a funcionarios públicos a comprender y utilizar el idioma inglés y explicó las razones por las que se impidió a una mujer contender por un escaño en un consejo municipal.

Los magistrados emitieron su postura unánime seis meses después de que ratificaron el fallo de un juez de que Alejandrina Cabrera no sabía el inglés suficiente para integrar el consejo municipal en San Luis, un poblado donde el español es predominante en el suroeste de Arizona, en la frontera con México.

Cuando impugnó la candidatura de Cabrera, el alcalde de San Luis invocó una ley del estado de Arizona de 1913 en la que se establece que "las personas que no hablen, escriban y lean en inglés no pueden" ocupar cargos públicos.

Tanto la constitución de Arizona como la ley federal de 1910 que creó el estado en 1912 consideran obligatorio que las autoridades estatales y locales puedan leer, hablar, escribir y comprender en inglés, dijeron los magistrados en su opinión.

El requisito "corresponde al interés legítimo de que quienes ocupen un cargo de elección popular entiendan mínimamente inglés para el desempeño de sus responsabilidades, sin la ayuda de un intérprete", escribió el magistrado de la corte, Robert Brutinel.

"El requisito contribuye a garantizar que el funcionario podrá, de hecho, entender y cumplir sus funciones, como comunicarse con electores y la ciudadanía de habla inglesa", agregó.

Al indicar que fallos previos han autorizado a los estados a establecer los requisitos para ocupar cargos públicos, los magistrados rechazaron el argumento de Cabrera de que la ley de Arizona la priva de su derecho constitucional de participar en el gobierno.

En audiencia, un juez de la Corte Superior del condado de Yuma puso en tela de juicio la capacidad de Cabrera y dispuso que un experto en lingüística la entrevistara antes de ordenar el retiro del nombre de la mujer de la papeleta.

Cabrera dijo que su inglés era lo suficientemente bueno en San Luis debido a la prevalencia de personas de habla hispana. Cabrera señaló que en su caso hubo racismo.

El alcalde Juan Carlos Escamilla rechazó que el racismo hubiera tenido algo que ver y señaló que el inglés debe utilizarse en las reuniones con las autoridades estatales y federales.