La primera batalla judicial sobre la nueva ley de Pensilvania que exige a los votantes mostrar una identificación vigente con fotografía se dirige a la Corte Suprema del estado, lo que podría alterar las estrategias de campaña.

Los republicanos partidarios de la ley y, dicen, la integridad de la elección presidencial del 6 de noviembre fueron los ganadores de la decisión tomada el miércoles por un juez estatal de apelaciones de negarse a emitir una orden que habría evitado que la ley entrara en vigor en noviembre, mientras se dirime impugnación más amplia a su constitucionalidad.

Cerca de una decena de grupos en defensa de los derechos y votantes registrados presentaron el jueves una apelación. Los demócratas alegan que la ley atropellará el derecho a votar de infinidad de personas, como lo hicieron los ahora inconstitucionales impuestos al sufragio y las pruebas de alfabetización que en su momento fueron diseñados para discriminar a electores pobres y de grupos minoritarios.

La ley redactada por el Partido Republicano y promulgada por el gobernador del mismo partido Tom Corbett en marzo ha detonado un fuerte debate sobre los derechos electorales en Pensilvania, que asumirá un papel protagónico en la decisión de la contienda presidencial.

Los abogados están pidiendo a la corte alta una rápida revisión, que incluye argumentos orales que serían programados durante la sesión del tribunal en Filadelfia en la semana del 10 de septiembre.

Los demócratas alegan que la ley es un intento poco velado de ayudar al virtual candidato presidencial republicano Mitt Romney a ganarle las elecciones al presidente Barack Obama.

En la Corte Suprema estatal, los votos de cuatro magistrados serían necesarios para anular el fallo del juez republicano de la corte intermedia estatal Robert Simpson. La corte suprema actualmente está dividida entre tres republicanos y tres demócratas tras la reciente suspensión de la jueza Joan Orie Melvin, una republicana que enfrenta cargos por corrupción penal.

En su fallo, Simpson rechazó las aseveraciones de que la ley es inconstitucional y determinó que la demanda no cumple con los estrictos requerimientos para ganar un interdicto.