El exministro de Transportes brasileño Anderson Adauto negó hoy a través de su defensa toda participación en una supuesta y sonada trama de corrupción denunciada en 2005, durante la gestión presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva.

Adauto es uno de los 38 acusados de haber participado en una supuesta red de corruptelas volcada a financiar campañas electorales y a sobornar parlamentarios para garantizarle al Gobierno de Lula la mayoría parlamentaria que en 2002 no había logrado en las urnas.

El abogado Castellar Modesto, defensor del exministro, declaró ante el Tribunal Supremo que su cliente solamente intermedió entre el Partido Liberal (PL), en el que militaba, y el Partido de los Trabajadores (PT), de Lula, a fin de lograr apoyo financiero para campañas electorales.

El PL, hoy extinto, formaba parte de la coalición que respaldaba a Lula, un hecho en el que Castellar Modesto se apoyó para negar que los diputados de ese partido hubieran sido sobornados para votar en favor de proyectos que proponía un Gobierno al que pertenecían.

Según el abogado, "no existe una prueba" ni "un solo testimonio" que impliquen al exministro en los delitos de corrupción activa y lavado de dinero por los que lo acusa la Procuraduría General.

Castellar Modesto incidió además en que el escándalo formado en torno a su cliente no le ha impedido continuar su vida política y mantener "el respaldo y la confianza" de los electores.

"En 2008, cuando este asunto todavía era usado por los medios, Adauto fue elegido alcalde" de la ciudad de Uberaba, cargo para el que postula nuevamente para las municipales de octubre próximo, dijo el abogado, quien consideró que el voto recibido por su cliente es "una victoria moral ante la infamia".

Además de Adauto, figuran entre los procesados los exministros de la Presidencia José Dirceu y de Información Luiz Gushiken, ambos del PT y que de la misma forma han negado todos los cargos.

También hoy presentaron sus defensas los representantes de los exdiputados del PT Luiz Carlos da Silva, conocido como "Profesor Luizinho", Paulo Rocha y Joao Magno, quienes como todos los otros acusados se escudaron en que el dinero que recibieron del partido fue destinado al pago de deudas de campañas electorales.

De ese modo, la defensa desestimó los cargos de lavado de dinero que pesan sobre los tres exparlamentarios, pero admitieron en forma tácita que esos recursos no fueron declarados a las autoridades electorales, lo que supondría un "ilícito" ya prescrito.

La fase de presentación de alegatos de las defensas concluirá mañana, cuando, entre otros, el Supremo escuchará a los abogados del publicista Eduardo "Duda" Mendonça, director de la campaña que en 2002 llevó a Lula a ganar unas elecciones por vez primera.

En la época en que se denunciaron los escándalos, Mendonça dijo que el PT le había depositado parte de sus honorarios en cuentas que debió abrir para ese fin en paraísos fiscales, por lo que ha sido acusado de lavado de dinero y evasión de divisas.

Una vez concluida la presentación de todos los alegatos, los once magistrados de la corte comenzarán a presentar sus votos sobre la responsabilidad de cada uno de los acusados, lo cual se prevé que llevará más de una semana.

Tras el debate de los magistrados, el Tribunal Supremo dictará las sentencias, que serán individualizadas y se calcula que serán conocidas antes de mediados de septiembre próximo.