La Justicia brasileña ordenó hoy la paralización por irregularidades de las obras de la hidroeléctrica de Belo Monte, un polémico proyecto energético que se construye en la selva amazónica.

El Tribunal Federal de la Primera Región, con sede en Brasilia, identificó irregularidades en dos etapas del proceso de autorización de la obra, una en el Supremo Tribunal Federal (STF) y otra en el Congreso, según informaciones de la estatal Agencia Brasil.

Belo Monte, que será la tercera mayor hidroeléctrica del mundo, comenzó a ser construida en marzo del año pasado en la localidad de Altamira (Pará), pese a la resistencia de los indios, agricultores, pescadores y ecologistas, que están preocupados por su impacto en la Amazonía.

La decisión de suspender las obras fue tomada por una petición del Ministerio Público del estado de Pará, que cuestionó una decisión "unilateral" del STF, en cabeza de su entonces presidenta Ellen Gracie, quien declaró la "constitucionalidad" del proyecto sin tener en cuenta a los demás miembros de la máxima corte de Justicia.

El Tribunal también consideró que el Congreso actuó de manera irregular para avalar la obra, incluso sin la discusión ampliada en el Legislativo de los informes técnicos previos.

El magistrado Antonio de Souza Prudente, del Tribunal Federal y defensor de la tesis de que las comunidades indígenas deben ser escuchadas en el caso de Belo Monte, explicó que su fallo no se opone a los programas de desarrollo del Gobierno sino a los "procesos dictatoriales", en referencia a los trámites de la hidroeléctrica.

El incumplimiento de la decisión, determinó el Tribunal, le acarreará a la empresa Norte Energía, responsable del consorcio, una multa diaria de 500.000 reales (unos 250.000 dólares).

Norte Energía evitó pronunciarse sobre la decisión y espera una notificación oficial y personal de la misma, a través de un emisario en el propio lugar de las obras, como lo determina la Justicia.

La gigantesca represa, que no operará antes de 2014, inundará un área de 503 kilómetros cuadrados, lo que afectará directa e indirectamente a 66 municipios.

No obstante, el Gobierno de la presidenta Dilma Rousseff asegura que la obra no afectará directamente a ninguna tierra indígena.

Belo Monte tendrá una capacidad de generación media de 4.571 megavatios hora y alcanzará un tope de 11.233 megavatios en las épocas de máxima crecida del río Xingú y va a exigir inversiones de cerca de 10.600 millones de dólares, según cálculos del Gobierno.