La Cámara de Representantes, de mayoría republicana, pidió el lunes a una corte federal que avale un citatorio emitido al secretario de Justicia Eric Holder en el que se le exige que entregue archivos de la fallida operación de rastreo de armas Rápido y furioso.

La demanda solicita a la corte que rechace los argumentos del presidente Barack Obama sobre la validez del privilegio ejecutivo en el caso, un recurso legal diseñado para evitar que se revele cierta información interna del gobierno.

El fracaso de los intentos de Holder y los republicanos de la Cámara de Representantes para lograr un acuerdo sobre los documentos llevó a votaciones en junio que originaron que el secretario de Justicia fuera declarado en desacato civil y penal ante el Congreso. La resolución por desacato civil llevó a la demanda.

Holder rechazó las solicitudes de la Comisión de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes para entregar, sin condiciones, los documentos que podrían explicar por qué el Departamento de Justicia negó en febrero de 2011 que se incurrió en una táctica riesgosa al permitir que se traficaran armas de fuego de Arizona a México.

Los agentes federales a cargo de la operación perdieron la pista de muchas de las armas. La operación identificó más de 2.000 armas que fueron compradas ilícitamente y 1.400 de ellas no han podido ser recuperadas.

El departamento no reconoció que hizo declaraciones falsas por 10 meses.

"Extrañamente, el Departamento de Justicia se resistió activamente a cooperar por completo con la investigación desde el principio", dice la demanda.

"Entre otras cosas, el departamento rechazó entregar documentos al comienzo y luego dio poco a poco cantidades muy limitadas de documentos, impidiendo que la comisión tuviera acceso a ciertos testigos, y limitando las preguntas de la comisión a otros testigos a los que se dio acceso", agrega.

El Departamento de Justicia ha dicho que no presentará cargos penales contra su jefe y los demócratas han encasillado a las demandas por desacato civil y penal como un ataque político.

En respuesta a la demanda, la vocera del Departamento de Justicia, Tracy Schmaler, dijo que "siempre estamos dispuestos a trabajar con el comité. En su lugar, la Cámara de Representantes y el comité han indicado que prefieren litigar".

Numerosos legisladores dijeron que esta es la primera vez que un secretario del gabinete es declarado en desacato.

La demanda pide que se declare inválido el privilegio ejecutivo que reclama Obama; que se rechace la objeción de Holder a cumplir con la orden judicial de la Cámara de Representantes; y que el secretario de Justicia entregue todos los documentos relacionados con la aseveración incorrecta hecha en 2011 por su oficina de que el operativo no ocurrió.

La demanda agrega que los documentos "permitirían al comité (y al pueblo estadounidense) entender cómo y por qué el departamento dio información falsa al Congreso y de algún modo obstruyó la investigación del comité legítimamente concedida".

La demanda desafía el argumento del privilegio ejecutivo con diversas bases legales, aseverando que quedó asentado indirectamente en una carta que el secretario de Justicia envió al Congreso y que los documentos no implican ningún consejo al presidente. Las acciones del departamento no se involucran con las funciones centrales constitucionales del presidente, señala la demanda.

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El periodista de The Associated Press, Pete Yost colaboró con este despacho.

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