El paro de actividades en el sistema de transporte subterráneo de la capital argentina cumplió el sábado más de una semana y aún no tiene solución, y un millón de usuarios han quedado atrapados en medio de una lucha de poder entre la presidenta Cristina Fernández y el alcalde de Buenos Aires Mauricio Macri.

La huelga inició el 3 de agosto, debido a que los trabajadores exigen un incremento salarial del 28% que iguale la inflación. El problema es que los políticos no pueden siquiera ponerse de acuerdo sobre quién dirige el sistema, mucho menos sobre de dónde debería provenir el dinero.

El gobierno nacional trató de transferir autoridad del sistema de transporte a las autoridades de Buenos Aires en enero, pero el alcalde se desvinculó argumentando que la presidenta faltó a su promesa de financiar costos de operación por un año. Fernández entonces se negó a hacerse cargo de los trenes de nuevo y culpó a Macri de fracasar como líder.

Macri dijo el sábado que la huelga terminará solamente cuando la presidenta decida que ha causado suficiente daño.

"Es una decisión de ella. Yo no puedo cambiar su decisión. Si ella decide que no va a haber subte, no va a haber subte", dijo el alcalde a un pequeño grupo de corresponsales extranjeros.

El ministro del Interior y Transporte Florencio Randazzo habló el sábado a nombre de la presidenta y dijo a Radio El Mundo que la obstinación de Macri está afectando a los usuarios.

Si Macri en verdad quería ayudar a los millones de pasajeros afectados por la huelga del subterráneo, ya lo hubiera hecho, dijo Randazzo al periódico pro gubernamental Pagina12. En lugar de ello, agregó, achacó al responsabilidad al gobierno nacional.

Las seis líneas del sistema de transporte subterráneo de la ciudad fueron privatizadas en 1991, y los trabajadores son empleados nominalmente por una concesionaria privada, Metrovías, pero el sistema no ha generado las ganancias suficientes para sufragar los costos de operación durante muchos años.

No obstante, tanto cuotas de pasaje como salarios son fijados por el gobierno, y las líneas y carros del sistema también son propiedad pública.

El sistema se ha mantenido operando sólo gracias a los altos subsidios del gobierno, mas desde enero, la presidenta ha dejado en manos del alcalde la responsabilidad de la mayor parte del dinero.

Pero Macri afirma que lo que la presidenta quiere en verdad es destruir la independencia financiera y política de la ciudad. Para ello, alega, se ha emprendido una campaña polifacética para cargar los costos a la ciudad, al tiempo que le quita su capacidad para generar ingresos.

"Ya no es que hay un problema puntual, hay un esfuerzo de hacer someter el gobierno de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque es uno de los pocos distritos que aún conserva autonomía financiera y, por supuesto, independencia de pensamiento", dijo.

Fernández y su difunto esposo y predecesor Nestor Kirchner subsidiaron durante muchos años una gran porción de la economía argentina mientras el país buscaba superar su crisis económica de hace una década. Ahora, los subsidios se han vuelto insostenibles debido a una inflación cuya tasa anual se ha elevado a más de 25% y a la creciente sensación que existe entre los inversionistas extranjeros de que invertir su dinero en Argentina es demasiado riesgoso.

En tanto, el subterráneo encara grandes problemas. La mayoría de los subsidios se emplearon en pagar los incrementos salariales para una fuerza laboral que casi se duplicó a 4.500 plazas cuando estaba bajo control de la federación. Pero las necesidades de mantenimiento se desatendieron: los carros tienen 40 años o más de uso, lo que incrementa el peligro de que ocurran accidentes mortales, como el choque en el que murieron 51 personas en febrero.

Y aunque las tarifas han aumentado más de 100% y se ubican en 2,5 pesos (54 centavos de dólar) este año, es menos de la mitad de lo que se necesita para cubrir los costos operativos.

El sistema requiere mejoras de infraestructura, pero como Argentina está prácticamente fuera de los mercados financieros internacionales, el costo de los créditos para ese fin sería prohibitivo.

"El problema aplica a todo el sistema de transporte. Fueron 10 años del gobierno con un festival de subsidios; la falta de inversión ha hecho colapsar todo el transporte público, con accidentes fatales, accidentes diarios", dijo Macri.