El gobierno de Estados Unidos retirará fondos a las unidades de la policía hondureña bajo supervisión directa de Juan Carlos Bonilla, su director general, hasta que pueda investigar las acusaciones de que él dirigió un escuadrón de la muerte hace una década, según un informe del Departamento de Estado fechado esta semana.

El documento indicó que el Departamento de Estado "es consciente de las acusaciones de violaciones de los derechos humanos relacionadas con el servicio pasado del director general de la policía" y que "ha creado un grupo para investigarlas".

Estados Unidos había prometido 56 millones de dólares para programas bilaterales de seguridad y asistencia al desarrollo en 2012 en Honduras, un país por el que pasa el 90% de la cocaína que llega a territorio estadounidense. De acuerdo con las nuevas reglas propuestas por el Departamento de Estado, la ayuda se limitará a partir de ahora a ciertas unidades de las fuerzas de seguridad que "han recibido entrenamiento, guía y asesoramiento directamente de agentes de Estados Unidos y no están bajo supervisión directa de Bonilla", señala el documento.

La Ley de operaciones en el exterior de Estados Unidos exige que el 20% de la ayuda a Honduras sea retenida hasta que la secretaria de Estado certifique que Honduras está dando pasos para mejorar la situación de los derechos humanos e investiga las acusaciones de abusos. En un giro inusual, el informe señala que el gobierno hondureño cumple los requisitos pero al mismo tiempo indica que el gobierno de Estados Unidos retendrá la ayuda destinada a los agentes que trabajan para Bonilla. Los responsables del Departamento de Estado consultados el viernes y el sábado no pudieron confirmar a cuánto ascienden los fondos retenidos. Estados Unidos suspendió la entrega de 31 millones de dólares a Honduras en 2009 después de un golpe de Estado que derrocó al presidente Manuel Zelaya Rosales. La secretaria de Estado Hillary Clinton retomó la ayuda en 2010 después de que Porfirio Lobo fuera elegido presidente.

El ministro de Comunicaciones del gobierno de Porfirio Lobo, Miguel Angel Bonilla, que no tiene vínculos familiares con el general cuestionado, dijo el sábado a The Associated Press que el presidente ha reiterado que el general Bonilla tiene "todo su apoyo" porque "gracias a su trabajo ha habido una mejora real en la situación de seguridad del país" y añadió que "si hay acusaciones legales contra él la justicia tiene que seguir su curso de acuerdo a la leyes, que funcionan".

También insistió en que "este gobierno tiene un compromiso irrestricto con los derechos humanos, creando incluso por primera vez en Honduras una Secretaría de los Derechos Humanos".

La AP de antemano había informado, poco después de que Bonilla, apodado "El Tigre", fuera nombrado director general de la policía en junio, que él ha sido acusado en repetidas ocasiones de asesinatos y violaciones de los derechos humanos en un informe del departamento de asuntos internos de la propia policía hondureña.

El informe involucraba a Bonilla en al menos tres asesinatos y desapariciones forzadas entre 1998 y 2002 y señalaba que era sospechoso junto a otros oficiales en 11 casos más.

Sólo una de las acusaciones contra Bonilla, de 46 años, terminó en acusación formal y el general fue absuelto en 2004 tras permanecer varios meses prófugo de la ley evadiendo una orden de busca y captura que pesaba contra él. El veredicto de inocencia fue refrendado por la Corte Suprema de Justicia de Honduras en 2009 y la responsable de Asuntos Internos de la policía que lideró la investigación fue destituida debido al caso.

Las violaciones a los derechos humanos han persistido, según diversas fuentes. En junio de 2012, un informe del Departamento de Estado reconoció que agentes hondureños han asesinado y torturado a ciudadanos, aunque no mencionó directamente a Bonilla.

"Entre las acusaciones más serias de violaciones a los derechos humanos se encuentra la corrupción en el interior de la policía" añadía el informe.

La decisión tomada esta semana ha llegado tras una serie de cartas de académicos y activistas hondureños y de Estados Unidos así como de varias cartas de miembros del Congreso que le pedían a Clinton que reconsiderase la ayuda a Honduras en materia de seguridad debido a las violaciones de los derechos humanos.

A lo largo de los últimos años se han repetido los informes que denuncian secuestros y asesinatos realizados por las fuerzas de seguridad, más de 65 muertos en un conflicto agrario o decenas de asesinatos de periodistas y de miembros de la comunidad gay, lésbica y transexual.

"Combatir el tráfico de drogas no es una justificación legítima para que los Estados Unidos financien y entrenen fuerzas de seguridad que derrocan gobiernos democráticos y reprimen violentamente a la población", decía la carta del 27 de junio firmada por cientos de académicos.