La apuesta de la presidenta argentina, Cristina Fernández, por una ley de ética periodística y las acusaciones sobre supuestos pagos de empresas a periodistas se convirtieron hoy en un nuevo elemento de tensión entre el Gobierno y un amplio sector de la prensa.

Imponer conductas éticas "mediante una norma legal, de cualquier rango, implicaría casi penalizar comportamientos no delictuales, poniendo en riesgo el derecho a la libre expresión", advirtió hoy el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA).

La organización respondía así a la presidenta, que anoche, durante un acto en una planta de la petrolera YPF, apostó por una "ley de ética profesional" que, dijo, contribuiría a aclarar los ingresos que reciben los periodistas.

La mandataria acusó a YPF de haber destinado once millones de pesos (unos 2,4 millones de dólares) al pago de periodistas durante la gestión del grupo español Repsol y se refirió en concreto al caso de un reconocido periodista argentino que, según Fernández, habría recibido un millón de pesos (alrededor de 220.000 dólares) de la empresa.

Marcelo Bonelli, columnista y conductor de un programa televisivo en una cadena del grupo Clarín, atribuyó hoy la denuncia a un artículo que ha publicado sobre la supuesta intención de renunciar del actual presidente de YPF, Miguel Galuccio, por el creciente intervencionismo gubernamental en su gestión.

"No es la primera vez que la presidenta utiliza un espacio público, como la cadena nacional, para escrachar (denunciar) a gente que no está de acuerdo con el discurso único del oficialismo", respondió hoy Bonelli.

Según la mandataria, YPF -que bajo la gestión de Repsol tenía en su consejo de administración a un representante del Estado, Roberto Baratta-, abonaba el dinero a los periodistas como "publicidad no convencional".

FOPEA le recordó hoy a Fernández que "en el tema de las pautas publicitarias, la Presidencia de la Nación podría dar el ejemplo y aprobar una resolución interna que establezca cuestiones objetivas y comprobables para la distribución de los dineros públicos".

El organismo aseguró, además, que desde el comienzo del mandato de Fernández (2007), "se ha hecho más difícil acceder a la información" e insistió en que "una de las formas de mejorar la calidad de la información pública es que el Gobierno cumpla y haga cumplir la ley de ética pública en todo lo referido a la difusión de la información pública".

Los desencuentros entre el Gobierno de Fernández y la prensa no son una novedad. El pasado octubre, el actual vicepresidente, Amado Boudou, hoy salpicado por un escándalo de corrupción, tuvo que pedir disculpas por haber comparado a dos periodistas con colaboradores nazis.