Los países de la UE no disponen de una norma común sobre la asistencia sanitaria a los inmigrantes ilegales e incluso en algunos de ellos la decisión final de esa atención recae en el propio médico.

Según un informe de 2011 de la Agencia de Derechos Fundamentales, un órgano consultivo de la Comisión Europea, "existen grandes diferencias debido a factores como el presupuesto, la salud pública y la política de inmigración".

Las dos únicas directivas sobre el tratamiento sanitario a los inmigrantes ilegales en la UE se refieren al retorno obligado y a las condiciones de recepción de refugiados.

La llamada Directiva de Retorno establece que los inmigrantes ilegales obligados al retorno deben recibir atención médica en el caso de emergencias o enfermedades crónicas.

La Directiva de Condiciones de Recepción de Refugiados establece que los solicitantes de asilo deben obtener cuidados de emergencia y tratamiento "esencial" para sus enfermedades.

Teniendo esto en cuenta, la portavoz de la Comisión Europea (CE) Tove Ernst explicó a Efe que una nueva regulación española sobre el pago de una cuota mensual para la atención medica al inmigrante ilegal no contravendría la normativa comunitaria.

Ante la ausencia de marco legal común en otro tipo de casos, los Estados de la UE actúan de manera diferente.

En Francia, desde el año 2000 existe un servicio de Ayuda Médica Estatal, con coste aproximado para las arcas públicas de 600 millones de euros, dirigido a los inmigrantes sin papeles que llevan en Francia al menos tres meses de forma ininterrumpida.

Cubre el 100 % de los gastos por los tratamientos médicos u hospitalizaciones establecidos en la Seguridad Social.

En Italia, los inmigrantes irregulares tienen derecho a una cobertura sanitaria mínima, que incluye la asistencia ambulatoria y hospitalaria urgente y básica, los programas de medicina preventiva, el seguimiento de embarazos y maternidad, la tutela de la salud de los menores, las vacunas obligatorias, el suministro de productos profilácticos, el tratamiento de enfermedades infecciosas y la desintoxicación de los drogodependientes.

El sistema sanitario italiano prevé el copago de las tarifas oficiales por parte de los inmigrantes sin papeles, excepto si no pueden pagarlas.

En otros países, como Holanda, es el médico quien tiene la última palabra sobre la atención primaria al inmigrante ilegal, ya que no existe una directiva clara del Ministerio de Inmigración.

Si el inmigrante ilegal tiene recursos pagará él el tratamiento prestado y, en caso contrario, se hará cargo un fondo especial del Ministerio de Inmigración.

En Bélgica, tienen acceso a los servicios de emergencia y de tratamientos esenciales de enfermedades crónicas. En determinadas condiciones, la cobertura puede ser más amplia.

El coste lo asume un fondo especial del gobierno o asociaciones de ayuda al inmigrante.

En Alemania, en teoría sólo se presta asistencia hospitalaria en casos de urgencia, partos o ciertas enfermedades graves, puesto que un inmigrante ilegal no puede tener tarjeta sanitaria.

En la práctica, sin embargo, reciben atención gratuita a través de organizaciones benéficas y de ayuda, y, además, existen organizaciones médicas que "ignoran" la obligatoriedad de pedir la tarjeta sanitaria.

En Irlanda, el servicio de salud público solo es gratis para los ciudadanos con tarjeta sanitaria, que se concede atendiendo a sus ingresos económicos o en caso de padecer determinadas enfermedades.

Un inmigrante ilegal no puede recibir atención médica y, si la recibe en situaciones de emergencia, los profesionales están obligados a informar a las autoridades.

En el Reino Unido, los inmigrantes ilegales no puede acceder a la sanidad pública, aunque sí en caso de situaciones de emergencia como puede ser un accidente o un ataque físico en la calle.

En Grecia, no tienen acceso gratuito al sistema público y sólo en caso de urgencia hay un derecho constitucional a la atención.

En Austria, la ley obliga a ofrecer tratamiento de urgencia a todas las personas, incluidos los inmigrantes ilegales sin seguro sanitario, aunque exige la identificación del beneficiario y remitirle una factura con los gastos.

La no identificación de la persona beneficiaria o la falta de una dirección no se persigue, por lo que en la práctica la asistencia de urgencias así como los casos más graves es gratuita.

En algunos hospitales de gestión privada -en su mayoría de la Iglesia Católica- asociados al sistema público de salud no se solicita el seguro para ser atendido, por lo que los inmigrantes sin papeles acuden a ellos para la atención primaria.

En Bulgaria no se puede negar la asistencia de urgencias a nadie ya que se prohíbe expresamente en la Constitución. En el caso de los tratamientos y consultas ordinarias los inmigrantes sin documentación no son atendidos al no constar en la base de datos del sistema sanitario búlgaro.

En la República Checa y Eslovaquia, los inmigrantes ilegales no tienen derecho a cobertura sanitaria, por lo que deben contratar un seguro de viajes, cuya tarifa es de 33 coronas (1,3 euros) por día, lo que supone 482 euros al año.

En caso de accidente, y si no tiene cerrado ese contrato de seguro, es atendido, y la institución sanitaria en cuestión se encarga de cobrarle por el servicio prestado.