Un juzgado de Guatemala aceptó hoy tramitar una demanda civil presentada por diputados de oposición que piden anular un contrato de usufructo del mayor puerto del país otorgado por el Gobierno a favor de la española Terminal de Contenidors de Barcelona (TCB).

Un portavoz de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dijo a periodistas que "el Juzgado Octavo de lo Civil admitió para su trámite el recurso de nulidad presentado en ese caso", con lo que se inicia un largo proceso judicial que podría concluir con la nulidad del contrato a favor de TCB.

Los diputados del opositor partido Libertad Democrática Renovada (Líder) presentaron ante esa judicatura un "recurso de nulidad absoluta", en contra del contrato de usufructo otorgado por la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), administradora del puerto Quetzal, a favor de la empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), subsidiaria de la TCB.

Según los legisladores, el contrato concedido a la empresa española, por medio del cual se le otorga "en usufructo" un área de 350.000 metros cuadrados para la construcción de un embarcadero con capacidad de recibir a los buques más grandes del mundo, "es lesivo para los intereses del Estado".

De acuerdo con la legislación local, el juzgado que conoce el caso deberá analizar los antecedentes y escuchar a las partes antes de dictar cualquier tipo de medida cautelar.

Mientras tanto, las operaciones del puerto Quetzal se mantienen suspendidas por segundo día consecutivo, debido a las protestas de los miembros del Sindicato de Trabajadores de la EPQ, que también se oponen a lo que denominan es "la privatización" de ese fondeadero.

Aunque el presidente guatemalteco, Otto Pérez Molina, envió desde el jueves un fuerte contingente de agentes de la Policía Nacional Civil y fragatas de la Marina de Guerra del Ejército, los sindicalistas solo suspendieron la toma por algunas horas.

El secretario general del sindicato de trabajadores de la EPQ, Lázaro Reyes, dijo a periodistas que los empleados están "dispuestos a ser despedidos, si fuera necesario", pero no permitirán que cobre vigencia el contrato otorgado a TCB, que no se ha pronunciado aún sobre el asunto.

El contrato a favor de la firma española fue firmado por un plazo de 25 años y a cambio pagará a la EPQ un millón de dólares anuales fijos por detentar el usufructo y cuatro dólares por cada contenedor que reciba en el puerto.

TCB, que prevé hacer una inversión inicial de 120 millones de dólares, fue seleccionada de entre cinco empresas internacionales que presentaron interés por la administración del movimiento de los contenedores en puerto Quetzal.