El Tribunal Supremo de Brasil, que juzga hechos de corrupción denunciados en 2005 durante el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, escuchó hoy la defensa de cinco acusados, que como otros admitieron irregularidades en campañas electorales, pero negaron sobornos en el Congreso.

La audiencia de hoy repitió la tónica de las tres anteriores que el Supremo ha dedicado ya a la presentación de los alegatos de los 38 acusados, entre los que figuran tres exministros, los miembros de la cúpula que tenía en la época el gobernante Partido de los Trabajadores (PT) y políticos de otras tres formaciones.

Esta vez le tocó el turno a los defensores de tres exdirigentes del Partido Progresista (PP), formación de derechas históricamente opuesta al PT, pero que en los primeros meses de 2003 se plegó a los grupos políticos que respaldaban a Lula.

Los exdiputados del PP Pedro Correa y Pedro Henry, así como el antiguo dirigente de esa formación Joao Claudio Genú, negaron a través de sus abogados que hayan recibido dinero del PT a cambio de votar en favor de proyectos que presentaba el Gobierno de Lula, que había asumido en 2003 sin mayoría parlamentaria.

No obstante, admitieron que el PT "ayudó" a financiar campañas de sus candidatos luego de que el partido se unió a la variopinta coalición formada por Lula, que agrupó a formaciones de todo el espectro ideológico nacional.

El más claro en ese sentido fue el abogado Marcelo Leal, defensor del exdiputado Pedro Correa, quien declaró sin ambages que "hubo sí transferencias de dinero" que no fueron declaradas a las autoridades fiscales y electorales, pero afirmó que "fueron producto de acuerdos políticos para campañas" y no de "una compra de apoyo".

Leal negó que, como sostiene la acusación, el PP haya votado en favor de unas reformas de la seguridad social y tributaria, que el Gobierno de Lula propuso al Congreso, porque había sido sobornado.

Según el abogado, el PP apoyó esas reformas sólo porque estaban en línea con el "pensamiento" del partido, que las había propuesto años antes y hasta se había enfrentado por eso mismo con el PT, que "cuando no estaba en el Gobierno las consideraba neoliberales".

En opinión de analistas políticos, la estrategia de todos los defensores en este caso apunta a desmarcar el asunto del terreno penal y resumirlo a "ilícitos" en la financiación de campañas, que corresponderían a la justicia electoral y ya prescribieron.

La acusación presentada por la Procuraduría General, sin embargo, sostiene que además de la financiación irregular de campañas, el PT estructuró una red de corruptelas que le sirvió para "comprar" la mayoría parlamentaria que Lula no había logrado en las urnas.

En la audiencia celebrada hoy también presentaron sus alegatos los defensores del exfuncionario del Banco do Brasil (público) Henrique Pizzolato, y del antiguo gerente de la operadora bursátil Bonus Vanval, Enivaldo Quadrado.

Pizzolato, acusado favorecer con contratos de ese banco a empresas que participaban en la recaudación irregular de recursos para campañas, negó toda responsabilidad y aseguró que carecía de "poder" para adoptar decisiones de esa naturaleza.

En el caso de Quadrado, la Procuraduría dice que habría puesto a la firma Bonus Vanval al servicio del PT para "blanquear" el dinero no declarado, así como también para distribuirlo entre los diputados supuestamente sobornados.

El abogado Antonio Moraes Pitombo rebatió la acusación, afirmó que "todas las operaciones" de Bonus Vanval con empresas vinculadas al caso fueron "estrictamente legales" y sostuvo que una operadora de bolsa "no puede ser responsabilizada" por el destino que sus clientes dan al dinero que ganan con ella.

Concluida esta audiencia, el Supremo ya ha escuchado la defensa de 20 de los 38 acusados y el trámite se repetirá en los próximos días hasta que todos presenten sus alegatos.

Tras esa fase, los once magistrados prepararán las sentencias, que serán conocidas antes de mediados de septiembre próximo.