El Gobierno de Costa Rica manifestó hoy que confía en que la Corte Suprema de Justicia desestimará la demanda que un grupo de ciudadanos presentó contra la presidenta del país, Laura Chinchilla, en la que la acusan de ampliar ilegalmente un contrato a la firma de capital español Riteve.

El ministro costarricense de Comunicación, Francisco Chacón, declaró hoy en una rueda de prensa que la demanda, presentada ayer por el denominado Movimiento por la Dignidad Nacional, "no tiene ni pies ni cabeza" y que se trata de una "denuncia infundada que no va a prosperar".

La denuncia acusa a la mandataria y su ministro de Transportes, Luis Llach, de prevaricato (firma de resoluciones ilegales), incumplimiento de deberes y favorecimiento por ampliar, en junio pasado, por 10 años el contrato a Riteve, firma encargada de la revisión técnica obligatoria de vehículos.

Según argumenta la demanda, es ilegal que Riteve, que opera en el país desde hace diez años, trabaje como "monopolio" al brindar el servicio de manera exclusiva.

Además, indica que los funcionarios acusados no publicaron el respectivo cartel de licitación del servicio, lo que habría favorecido a la empresa española.

Cuando anunció la prórroga del contrato a Riteve, el Gobierno argumentó que se acogió a una cláusula del contrato que permite la ampliación del mismo.

Chacón se quejó hoy del "alto grado de litigio" al que se enfrentan las decisiones gubernamentales en los últimos tiempos en instancias como la Sala Constitucional, la Corte Suprema de Justicia o el Tribunal Contencioso Administrativo.

"Se está abusando del sistema y eso está deteriorando el Estado de Derecho", manifestó el ministro.

El funcionario puso como otros ejemplos del "abuso" del sistema, la concesión de un nuevo puerto en el Caribe, que fue denunciado por sindicatos ante el Tribunal Contencioso Administrativo, y las guías de educación sexual que grupos organizados interpelaron ante la Sala Constitucional.

El tribunal dio luz verde al puerto esta semana y la Sala Constitucional avaló la educación sexual en las escuelas y colegios con la salvedad de que los padres de familia pueden decidir si sus hijos reciben las clases sobre el asunto o no.