El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, anunció hoy que aplazará por diez días la ratificación del contrato de concesión de la administración del puerto Quetzal a la firma española Terminal de Contenidors de Barcelona (TCB), mientras analiza si el documento tiene alguna ilegalidad.

"Si encuentran ilegalidades, personalmente lo voy a suspender, no permitiré actos fuera de la ley", dijo el mandatario a los periodistas luego de recibir en Casa Presidencial a los directivos de los tres sindicatos de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), autoridad del puerto Quetzal, quienes se oponen a la concesión.

Pérez Molina dio copia del contrato a los sindicalistas para que, durante el mismo lapso, lo analicen y hagan sus comentarios previo a la ratificación definitiva del mismo.

"Es importante (que los sindicalistas) vean los beneficios económicos para los guatemaltecos" que representa la suscripción del contrato con TCB para la operación de los contenedores en el puerto Quetzal, el más importante del país y ubicado en la zona del Pacífico.

El gobernante desmintió las versiones sobre una supuesta privatización del puerto, así como los temores de los sindicalistas de que con la llegada de la firma española habrá despidos masivos.

Horas antes, diputados del opositor partido Libertad Democrática Renovada (Líder), acompañados de cientos de campesinos, pobladores y sindicalistas, encabezaron una manifestación para rechazar la concesión.

"Salimos a las calles para hacernos escuchar, para impedir que los pocos bienes que nos quedan como Estado sean privatizados", dijo a los periodistas el diputado Édgar Ajcip, líder de esa agrupación.

Ajcip, quien ayer presentó un recurso ante la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal del país, para evitar que el contrato cobre vigencia, dijo que esa operación "es altamente lesiva para los intereses del Estado".

La Empresa Portuaria Quetzal, administradora del puerto, concedió a TCB la operación de los contenedores que entran y salen de ese fondeadero, por un plazo de 25 años.

El contrato fue negociado hace tres semanas y otorga a TCB "en usufructo" un área de 350.000 metros cuadrados, para la construcción de un embarcadero con capacidad de recibir a los buques más grandes del mundo.

A cambio, la empresa española pagará a la EPQ un millón de dólares anuales fijos por detentar el usufructo y cuatro dólares por cada contenedor que reciba en el puerto.

TCB, que prevé hacer una inversión inicial de 120 millones de dólares, fue seleccionada de entre cinco empresas internacionales que presentaron interés por la administración para administrar el movimiento de los contenedores en puerto Quetzal.

En 2011, en ese puerto, ubicado en el Pacífico de Guatemala, según cifras oficiales, atracaron 1.289 buques, que movilizaron 8.380 toneladas métricas de carga.

Fundado en 1972, con sede central en Barcelona, TCB, considerado uno de los principales operadores de tráfico marítimo del sur de Europa, no se ha pronunciado respecto a la polémica desatada por el contrato otorgado a su favor.